El PP alerta sobre exceso de normas en España y pide inventario de las obsoletas
- Exceso regulatorio en España
- Plan nacional de simplificación normativa
- Ordenamiento jurídico coherente
- Impacto del exceso de normas en la economía
En España, el Partido Popular denuncia que existe un "exceso regulatorio" que complica la actividad económica y burocratiza el sistema. Por eso, ha presentado en el Congreso una propuesta para que el Gobierno haga un análisis exhaustivo de todas las leyes a nivel estatal, con el fin de detectar aquellas que ya no se usan o que se han quedado desactualizadas, y eliminarlas de manera formal.
Esta iniciativa busca fomentar la simplificación normativa y propone que, por cada nueva norma que se cree, se deroguen al menos tres que sean redundantes o inservibles. Así, se quiere reducir la saturación de leyes y facilitar el cumplimiento por parte de empresas y ciudadanos.
Exceso regulatorio en España
Desde el PP se recalca que la legislación en el país se ha vuelto demasiado densa y que esto se traduce en un freno para la economía. La intención con esta medida es crear un marco legal menos pesado y más claro, que además ayude a atraer inversiones.
El grupo político subraya que la proliferación de normas no solo ralentiza la innovación y el emprendimiento, sino que también encarece los procesos administrativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son las más afectadas.
Plan nacional de simplificación normativa
La propuesta insta al Gobierno a desarrollar un Plan Nacional de Simplificación Normativa, que esté alineado con los objetivos europeos en materia de competitividad y mejora regulatoria para 2026. Este plan tendría como meta reducir las cargas administrativas al menos un 25% de forma general y hasta un 35% en el caso de las pymes.
Además, se plantea aplicar la fórmula europea de eliminar tres normas por cada nueva que se apruebe. Esta medida, vigente en Europa desde 2022, está diseñada para evitar el aumento innecesario de regulaciones y mantener un sistema normativo ágil y coherente.
Ordenamiento jurídico coherente
La iniciativa también hace énfasis en la importancia de que el sistema legal sea estable y consistente. Por eso se propone ir avanzando hacia un modelo en que cada nueva norma implique la derogación de otra, para no sobrecargar el ordenamiento jurídico.
Se promueve, junto con las comunidades autónomas, un Plan de Acción orientado a depurar normativas y corregir duplicidades, incoherencias y solapamientos entre las distintas administraciones. Así se busca mejorar el funcionamiento burocrático, agilizar procesos y facilitar el uso eficiente de fondos europeos.
El PP quiere revisar el Real Decreto 931/2017 que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, con el fin de fortalecer los mecanismos de evaluación y asegurar una legislación de calidad. Además, propone incorporar nuevas metodologías usadas por la Comisión Europea, como los ‘reality checks’ y los ‘implementation dialogues’, para fomentar la cultura de simplificación entre los empleados públicos y mejorar la redacción legal.
Impacto del exceso de normas en la economía
En su justificación, el PP recuerda que aunque las normas son necesarias para dar seguridad y proteger derechos, si se multiplican sin control se convierten en un obstáculo para el desarrollo económico. Este exceso genera incertidumbre, dificulta la innovación y encarece la gestión pública.
Se señala que España es un ejemplo claro de cómo la inflación normativa afecta negativamente la competitividad y la capacidad para atraer inversiones. Las instituciones europeas apuntan que reducir cargas y mejorar la calidad legislativa es esencial para impulsar la economía del continente.
También se advierte que la fragmentación normativa entre administraciones incrementa la inseguridad jurídica y eleva los costes para las empresas, principalmente las pymes. Esto limita la capacidad para aprovechar fondos europeos, ya que los trámites son demasiado complejos y lentos.
Por ello, el PP insta a adoptar medidas urgentes para simplificar y racionalizar el marco legal, agilizar trámites y promover un acuerdo entre todas las administraciones para reducir la fragmentación normativa y garantizar reglas claras y coherentes para todos.