El abogado de Luis Carrero afirma que la asignación en Diputación fue "limpia como una patena"

 

La defensa de Luis Carrero, exjefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, ha solicitado una sentencia absolutoria debido a la ausencia de pruebas que lo vinculen con delitos de prevaricación o tráfico de influencias. Asimismo, ha defendido que tanto la creación del puesto en la Diputación como su posterior adjudicación se realizaron de forma totalmente transparente.

Respecto al proceso judicial, calificado por algunas acusaciones populares como una “ópera bufa en tres actos”, el abogado Salvador Morillas ha expresado que lo consideraría más bien un libreto de ficción, dado que el caso se basa en un relato sin ningún tipo de prueba contundente.

Morillas ha explicado que el conjunto de acusaciones está sustentado en argumentos débiles, comparándolo con una construcción frágil hecha con palillos de dientes. Por ello, ha destacado la carencia de evidencias que permitan imputar a Carrero los delitos mencionados. Ha recordado que la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora, que debe demostrar la comisión de prevaricación y tráfico de influencias.

Se ha señalado además que, según las pruebas aportadas durante el juicio y que han sido ignoradas por la acusación popular, no existe evidencia contraria a la conducta de Carrero. Por el contrario, los documentos y testimonios respaldan la legalidad y corrección de la creación y asignación del puesto de jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Una funcionaria de la diputación, testigo en el juicio y actual titular del cargo, ratificó las funciones propias de esa jefatura y negó cualquier relación con las actividades atribuidas a David Sánchez, contra quien se acusaba que el puesto fue diseñado para atender intereses personales, según el relato de la acusación.

Durante la presentación de los informes finales en la Audiencia Provincial de Badajoz, Salvador Morillas reafirmó su postura sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017 como coordinador de actividades en conservatorios y luego como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. También mencionó la contratación, en 2024, del exasesor de Moncloa y colaborador cercano a David Sánchez para un cargo similar.

En cuanto a la creación y adjudicación del puesto ocupado por Carrero, el defensor se apoyó en el escrito del Ministerio Fiscal para subrayar que este proceso fue "limpio como una patena" desde el punto de vista jurídico.

Morillas criticó la acusación popular por utilizar como argumento la supuesta "apariencia de legalidad" para fundamentar sus denuncias, aunque reconoció que carecen de pruebas que respalden esa afirmación.

Destacó que todos los procedimientos relacionados con el puesto fueron supervisados y aprobados sin objeciones, cuestionando la acusación de prevaricación que se basa en la supuesta creación del cargo para beneficiar a Carrero, a quien se describe como un “enchufado” de David Sánchez. Manifestó que este extremo debería ser probado.

Además, indicó que Carrero no necesitaba ocupar ese puesto, ya que como asesor en Moncloa tenía una remuneración mayor y cumplía con los requisitos para el cargo, laboralmente conocido y cubierto mediante comisión de servicios temporal.

Respecto a los correos electrónicos entre David Sánchez y Luis Carrero sobre la incorporación al plaza, el abogado explicó que Sánchez interpretó que el cargo ya estaba asignado tras su aprobación en pleno, mientras que Carrero manifestó no tener noticias claras y no pudo anticipar cómo evolucionaría la situación.