La jueza solicita a la Junta acceso a software para analizar cajas negras de trenes
Investigación del accidente ferroviario de Adamuz
El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), en su juzgado número 2, encargado de la investigación del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, donde fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas el 18 de enero, ha dictado una providencia para avanzar en las pesquisas. La jueza ha solicitado de manera urgente a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que se otorguen las facilidades necesarias para acceder a las aplicaciones informáticas vinculadas a las cajas negras de los trenes accidentados.
Esta petición busca contar con el apoyo del personal técnico de la empresa fabricante, Hasler Rail, para que se permita el acceso, descifrado e interpretación de los datos registrados por los dispositivos tecnológicos de los dos trenes Iryo y Alvia. La jueza indica que las licencias de los programas Multirec-SG y Husler-SG, propiedad de Hasler Rail, son imprescindibles para el esclarecimiento total de los hechos.
El requerimiento será enviado mediante correo electrónico oficial con acuse de recibo, con el objetivo de dejar constancia en el expediente judicial tanto de su envío como de su recepción. Además, se exige que el destinatario confirme el cumplimiento de esta petición informando directamente al tribunal. Contra esta resolución existe la posibilidad de presentar un recurso de reforma en un plazo máximo de tres días desde la notificación.
Apertura de las cajas negras en marzo
El pasado 5 de marzo, en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid, se procedió a la apertura de las cajas negras de ambos trenes implicados en el accidente de Adamuz. Esta medida fue autorizada por el Tribunal de Instancia de Montoro el 26 de febrero, que también concedió el acceso y la extracción de datos contenidos en las cámaras de seguridad dentro del tren Iryo.
La jueza permitió el uso de cualquier software necesario para verificar la integridad y autenticidad de los archivos obtenidos, así como para analizar fechas de creación y cualquier manipulación potencial de los datos. Todo este proceso se llevó a cabo en presencia de agentes de la Policía Judicial, quienes levantaron acta certificando cada etapa y preservaron copias certificadas de las evidencias digitales para garantizar la continuidad de la investigación.
Para minimizar riesgos relacionados con el traslado de los dispositivos de grabación, se decidió realizar el análisis en el lugar donde se encontraban las cajas negras, evitando su transporte hasta los juzgados de Montoro. Esta decisión busca asegurar la correcta extracción de datos sin comprometer la integridad de la prueba fundamental para esclarecer el accidente.