Junta ordena a su asesoría legal analizar posibles demandas civiles y penales por el siniestro en Adamuz

Imagen de 18 de febrero del Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Córdoba) al cumplir un mes del accidente ferroviario.
Imagen de 18 de febrero del Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Córdoba) al cumplir un mes del accidente ferroviario.

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido este miércoles autorizar a su Gabinete Jurídico a personarse en las diligencias que están abiertas en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba), en relación con la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Esta autorización incluye que la Abogacía de la Junta analice "las acciones judiciales civiles o penales que correspondan", abriéndose así dos vías para reclamar una posible compensación económica que cubra los gastos derivados de afrontar esta tragedia ferroviaria o para establecer la responsabilidad penal derivada de una eventual negligencia en el accidente ocurrido el 18 de enero que causó 46 fallecimientos.

  1. Personación del gabinete jurídico
  2. Valoración del impacto económico y social
  3. Comisión de seguimiento y apoyo a las víctimas

Personación del gabinete jurídico

En la rueda de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, confirmó que la Junta ejercerá la "acusación particular" en el proceso, asumiendo un papel procesal de parte afectada individualmente por el accidente ferroviario.

Carolina España explicó que en estos momentos el Gobierno andaluz está realizando "una valoración de los perjuicios" causados, destacando especialmente los "daños económicos y turísticos" que se derivan de esta tragedia, y subrayó que la Administración autonómica se posiciona como una "parte activa en estos daños".

Valoración del impacto económico y social

La consejera y portavoz expuso durante su presentación que entre los motivos para autorizar al Gabinete Jurídico a actuar están el "fallecimiento de 46 personas" y un "perjuicio importante para la Junta de Andalucía".

Detalló que esta afectación se manifiesta en la necesidad de atender emergencias, apoyar a las familias afectadas y garantizar la prestación de servicios esenciales. Añadió el "impacto significativo en el sector turístico" y la "gran pérdida económica" que esta situación conlleva, agregando que todos estos aspectos están siendo evaluados para formalizar la personación en el proceso.

Posteriormente, en una nota de prensa, la Junta de Andalucía justifica su actuación señalando que el "perjuicio relevante" sufrido conlleva "una serie de actuaciones extraordinarias", basándose en el esfuerzo conjunto y coordinado para responder a una emergencia con gran repercusión social, judicial, sanitaria y asistencial.

La Administración también remarca los elevados gastos no previstos que este acontecimiento ha originado y refieren a la documentación aportada por las consejerías involucradas en la gestión.

Además de la movilización excepcional de servicios públicos autonómicos, el Gobierno andaluz destaca el "impacto significativo" que el accidente ha provocado en el turismo andaluz, alertando que durante el primer cuatrimestre del año se ha producido una pérdida económica considerable derivada del lucro cesante, es decir, los ingresos que no se han generado.

Finalmente, se advierte del posible impacto negativo en el PIB de la región, al subrayar que el turismo representa un "pilar económico" fundamental, siendo responsable de cerca del 12% del Producto Interior Bruto andaluz.

Comisión de seguimiento y apoyo a las víctimas

Además del encargo realizado al Gabinete Jurídico para el análisis de posibles acciones civiles y penales, se ha solicitado a las Consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias que establezcan un Comisión de Seguimiento y Apoyo destinada a los afectados por el accidente.

En su intervención, la consejera y portavoz resaltó que para el Gobierno andaluz es "prioritario ayudarles a buscar la verdad", por lo que se ha decidido crear esta figura para asegurar que las familias "no estarán solas" en este proceso.

Carolina España definió al Comisionado como "una figura de enlace con las familias", encargada de proporcionarles "seguimiento y apoyo constante".

Respecto a la estructura de esta comisión, la consejera aclaró que aún no está definida, pudiendo tratarse tanto de una persona responsable como de un órgano con varios miembros. El diseño final será comunicado conforme se vaya avanzando en su elaboración.

Ante las preguntas de los medios, Carolina España puntualizó que "no está decidido, cuando lo esté se informará a las familias y a la opinión pública".