La Junta confía en avanzar significativamente con la apertura de cajas negras de trenes
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, manifestó su esperanza de que la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados en el accidente de Adamuz, Córdoba, permita avanzar significativamente en la investigación. El siniestro ocurrido el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y dejó más de 120 heridos.
En declaraciones ofrecidas a la prensa en Sevilla, Sanz explicó que esta apertura se realiza en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid y recordó que se trata de una competencia exclusiva del Estado, en concreto del Ministerio de Fomento, encargado de la investigación ferroviaria.
Sin embargo, subrayó que la Junta de Andalucía, como representante de los afectados en la región, busca esclarecer toda la verdad del accidente. "Es fundamental que se conozca toda la información hasta llegar al final de la investigación, por justicia hacia las familias afectadas y para evitar que un hecho similar vuelva a suceder", afirmó. Destacó también el impacto profundo y duradero que esta tragedia ha generado en 46 familias y en las cerca de 200 personas que fueron atendidas, un suceso que sigue conmocionando.
Análisis de la investigación
El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), juzgado número 2, responsable de la instrucción del caso, autorizó el pasado 26 de febrero la extracción, acceso y análisis del contenido de las cajas negras de ambos trenes involucrados en el siniestro. Además, se permitió hacer lo mismo con los datos capturados por las cámaras de seguridad situadas en el interior del tren Iryo.
La jueza encargada autorizó el uso de cualquier software necesario para verificar la integridad de los archivos, examinar la fecha de creación y cualquier posible manipulación, así como otros datos relevantes para la investigación.
El proceso de volcado y análisis será realizado bajo la supervisión de agentes de la Policía Judicial, quienes levantarán un acta formal del procedimiento y asegurarán la obtención de evidencias digitales. Se conservará una copia certificada para continuar con la investigación y se entregará otra inmediatamente al tribunal.
Esta diligencia se llevará a cabo en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, responsable de extender el acta correspondiente que garantice la legitimidad del proceso.
Asimismo, se decidió no trasladar los equipos a Montoro para reducir riesgos asociados al movimiento de los dispositivos. En el auto, la instructora argumentó que para asegurar la unidad del acto y proteger la integridad de la extracción de datos, lo más adecuado es realizarla en el lugar donde se encuentran las piezas.
En este sentido, el Tribunal de Montoro emitió un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid, solicitando la designación de un Letrado de la Administración de Justicia que acuda junto con la Policía Judicial al sitio donde se realizará la diligencia. Esta medida busca garantizar la custodia y conservación de las evidencias, así como mantener la cadena de custodia durante todo el proceso.