Urge esclarecer el siniestro de Adamuz: 14 denuncias y 7 personaciones
El siniestro ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero en Adamuz, con un balance de 46 personas fallecidas y más de 120 heridas, sigue bajo investigación judicial en Montoro (Córdoba). La causa avanza con nuevas personaciones y con la preparación de diligencias clave.
El juzgado competente mantiene el foco en la cadena de custodia y en la recopilación ordenada de pruebas. En paralelo, se trabaja para reforzar medios humanos, ante un procedimiento que se prevé largo y con múltiples partes implicadas.
Fiscalía, Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) figuran entre los actores centrales en esta fase inicial, marcada por informes preliminares, solicitudes periciales y la gestión de evidencias técnicas.
- Denuncias y acusaciones populares
- Diligencias periciales solicitadas por la Fiscalía
- Cajas negras, imágenes y otras evidencias
- Análisis del tramo de vía y coordinación con la CIAF
- Incorporaciones, refuerzos y organización del juzgado
- Una instrucción con muchas pruebas y múltiples partes
Denuncias y acusaciones populares
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, encargada de las diligencias por el accidente de Adamuz, había recibido hasta este miércoles 14 denuncias presentadas por víctimas del siniestro. Además, siete acusaciones populares habían pedido personarse en la causa, aunque todavía no constaba una decisión sobre su admisión.
Según información trasladada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el órgano judicial quedaba a la espera de la incorporación de la nueva jueza titular en los próximos días. Mientras tanto, seguían pendientes de resolución varias cuestiones planteadas dentro del procedimiento.
Diligencias periciales solicitadas por la Fiscalía
En el marco de la investigación, la Fiscalía pidió al Tribunal de Instancia que se acordara la práctica de una diligencia de informe pericial para ayudar a determinar las causas del siniestro ferroviario. El Ministerio Público propuso que se nombrara como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La solicitud incluía la posibilidad de ampliar el equipo técnico si, a la vista de lo actuado o del resultado de las pericias, hiciera falta recurrir a especialistas de ámbitos más concretos. El planteamiento buscaba cubrir desde el inicio un análisis técnico con margen para completar perfiles si el caso lo exigía.
Cajas negras, imágenes y otras evidencias
La Fiscalía también interesó que la apertura de las cajas negras de los dos trenes se realizara ante las juezas responsables de la investigación. Este punto se consideraba relevante para preservar el control judicial de una prueba técnica esencial.
El primer informe preliminar aportado por la Guardia Civil incorporaba un inventario de evidencias reunidas en la zona cero, con unas 2.500 fotografías. En ese mismo reporte se incluían las dos cajas negras y la toma de declaración del maquinista del Iryo (dado que el del Alvia había fallecido), además de declaraciones de tripulantes y de pasajeros.
Por su parte, la Guardia Civil solicitó las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y también las grabaciones internas de los vagones. La documentación elevada a la autoridad judicial recogía igualmente la existencia de otros elementos materiales vinculados al accidente.
Análisis del tramo de vía y coordinación con la CIAF
Entre los vestigios señalados figuraba un trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18, a las 19,45 horas, momento en el que descarriló y terminó chocando con el tren Alvia que iba en sentido contrario, con destino a Huelva.
Ese fragmento de vía iba a ser examinado en un laboratorio especializado en tratamiento de material metalúrgico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Al mismo tiempo, se preveía dar parte del material a la Guardia Civil, en tanto que policía judicial encargada de indagar posibles responsabilidades penales.
El volcado de las cajas negras se realizaría con presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF. Se trataba de una pieza clave para la investigación judicial y para el informe técnico que debe valorar las causas del accidente y contribuir a evitar hechos similares en el futuro.
Incorporaciones, refuerzos y organización del juzgado
En relación con la tramitación del caso, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, visitó los juzgados de Montoro para reunirse con juezas y personal, y conocer necesidades y posibles refuerzos. En esa visita trasladó que existía contacto permanente con la Policía Judicial y con responsables de la Guardia Civil durante los primeros compases de custodia de pruebas.
También señaló que las actuaciones se estaban llevando a cabo con control, conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial, y mostró confianza en las dos titulares que estaban trabajando en ese momento en el juzgado.
Del Río avanzó que el 9 de febrero se incorporarían dos nuevas juezas titulares. Una de ellas se asignaría a la plaza número 2, que es la que tenía turnado el procedimiento. Además, se había solicitado autorización para que la causa pudiera instruirse por dos personas de forma coordinada.
Según lo expuesto, el tribunal de instancia funciona de manera colegiada, lo que permite que dos juezas puedan instruir, colaborar y apoyarse en el desarrollo de la investigación, sin perjuicio de que la ponencia y responsabilidad principal recaiga en la titular de la plaza número 2.
Asimismo, se anunció la intención de pedir un juez de refuerzo más específico, con la finalidad de ayudar en la llevanza ordinaria del juzgado y, a la vez, apoyar en la tramitación del procedimiento. En esa línea, se valoró el apoyo de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía con personal funcionario: este miércoles se incorporaron dos funcionarias para la tramitación procesal.
También se indicó que se solicitaría un Letrado de la Administración de Justicia, entre otras medidas, con el objetivo de que la respuesta administrativa fuera ágil y no se prolongara en el tiempo.
Una instrucción con muchas pruebas y múltiples partes
Desde el TSJA se admitió que el procedimiento podía resultar especialmente complejo. Entre los motivos, se citó la necesidad de abrir piezas separadas por cada persona afectada, por cada línea de investigación y por cada parte personada. Ese escenario obliga a un trabajo muy ordenado para evitar bloqueos.
También se destacó que las juezas actuales y las que se incorporan cuentan con experiencia, pese a proceder de la Escuela Judicial, al acumular meses de trabajo en juzgados con carga y una preparación práctica previa.
Sobre las posibles causas del accidente, se remarcó que la investigación sería exigente por el volumen de pruebas periciales y por la necesidad de recoger vestigios de diverso tipo. Se subrayó la importancia de asegurar la cadena de custodia y de contar con presencia judicial cuando fuera necesario, además del apoyo de la letrada para garantizar un trabajo completo.
Se indicó que se trabajaba con distintas hipótesis, con análisis tanto de las vías como de los propios vagones. El avance dependería del resultado de periciales y pruebas. En cuanto a las personaciones, se apuntó la conveniencia de estudiar una posible unificación para evitar una gestión inasumible y permitir una tramitación eficaz.
También se recordó que la plaza del juzgado que lleva el caso tramita igualmente asuntos de violencia sobre la mujer, con un flujo diario delicado. Esa circunstancia reforzaba la necesidad de apoyos, más aún ante la previsión de numerosas declaraciones de familias y personas heridas.
Por último, se insistió en la importancia de mantener el ritmo de trabajo desde el inicio para que el procedimiento no se dilate. La complejidad probatoria, la previsión de periciales diversas y la concurrencia de distintos intereses, compañías y posibles explicaciones sobre la causa del accidente añadían presión a la dirección jurídica del proceso, que debía impulsar diligencias con la mayor celeridad posible.