Víctimas de Adamuz critican la "gestión sanitaria" y exigen investigación
Denuncia sobre gestión sanitaria en accidente ferroviario Adamuz
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que critica con dureza la gestión sanitaria a cargo del 061 y 112 tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero, que causó 46 fallecidos. La organización exige una investigación completa de los hechos y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y legales que correspondan.
Este escrito, firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos y al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido enviado también a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al Defensor del Pueblo Andaluz, con contenidos prácticamente idénticos.
Se indica además que se hará entrega de esta denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), encargado de la investigación. De confirmarse las irregularidades denunciadas, esto implicaría una posible responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración Pública, junto a otros posibles reproches jurídicos. Asimismo, se señala que los problemas en la comunicación con servicios de emergencias también afectaron a nivel estatal.
El informe reciente de la Guardia Civil destaca que, tras analizar las grabaciones de varios centros de emergencias, como el 112 Andalucía, 112 Madrid, ADIF Sevilla y Madrid, y otros organismos implicados, se detectó una significativa confusión inicial. Esto se debió a la gran cantidad de llamadas simultáneas y el desconcierto generado, provocando que todas fueran asociadas al tren Iryo.
Las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron erróneamente como incidentes de menor gravedad o como relacionadas con el accidente del Iryo, según detalla el documento.
Por otro lado, se expone que el personal encargado de atender las llamadas del 061 tuvo que hacerlo con papel y lápiz debido a fallos en el sistema informático. El personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba gestionó las comunicaciones utilizando teléfonos particulares sin conexión con el centro coordinador 112 tras un nuevo fallo del sistema habitual.
La asociación subraya que la experiencia de los profesionales permitió sobrellevar una situación que fue un caos desde una perspectiva técnica, enfatizando la gravedad del momento vivido durante un evento de emergencia de tal magnitud.
Se destaca que estas dificultades no son recientes; gestores telefónicos, técnicos y médicos coordinadores en diversas provincias andaluzas enfrentan carencias constantes desde la implantación del actual sistema, situación denunciada en múltiples ocasiones sin recibir respuesta.
Además, se recoge que fuentes cercanas al operativo aseguraron públicamente que la información sobre el accidente no se transfirió adecuadamente entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Córdoba (COS). Según esta versión, no se cumplieron los protocolos mínimos de comunicación, como indicar la cantidad y localización de los focos de siniestro.
El protocolo de comunicación del 112 español obliga al operador a obtener del alertante siete detalles esenciales: ubicación, naturaleza del incidente, número de víctimas, síntomas observados, acciones realizadas, peligros presentes y datos de contacto, recordando esta práctica el sistema 'Nueve Líneas' militar regulado en las Medeva (Evacuaciones Médicas) según estándares OTAN.
Las fuentes vinculadas al dispositivo afirman que la información sobre el número y estado de las víctimas se añadió solo después de la llegada de la Guardia Civil al lugar, que ocurrió 43 minutos tras el accidente del Alvia.
La entidad advierte que esta grave falta de coordinación y demora en la asistencia sanitaria podría haber provocado un aumento en el número y gravedad de las víctimas. Una correcta aplicación de estos protocolos habría reducido las consecuencias del siniestro.
Finalmente, la asociación recuerda que la protección de la salud es un derecho constitucional garantizado en el artículo 43, estrechamente relacionado con el derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución.
Por todo ello, solicitan una revisión inmediata del plan de actuación y la pronta corrección de las fallas en el sistema de gestión. Exigen que los centros coordinadores del 061 y 112 dispongan de un soporte tecnológico adecuado que garantice una atención eficiente en emergencias.
También piden un informe detallado, junto con toda la documentación disponible, que clarifique los hechos ocurridos. Insisten en que se realice una investigación exhaustiva y se determinen las responsabilidades políticas y jurídicas pertinentes, así como que se informe de cualquier actuación derivada de este reclamo.