Víctimas de Adamuz califican de "imprudente" al presidente de CIAF
- Declaraciones del presidente de la CIAF sobre el accidente de Adamuz
- Críticas y preocupaciones de la asociación de víctimas
- Restricciones y falta de transparencia en la investigación
- Unificación de acusaciones en el proceso judicial
Declaraciones del presidente de la CIAF sobre el accidente de Adamuz
El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, expresó su perplejidad y calificó de irresponsables las palabras de Ignacio Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Barrón declaró en el Senado que el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que cobró la vida de 46 personas, fue un evento "fortuito y producto de una carga inmensa de mala suerte".
Samper y su asociación mantienen que todo accidente puede evitarse y criticaron duramente que se definiera como fortuito. Según Samper, etiquetar el siniestro de esta manera es una irresponsabilidad, considerando que si bien tras conocer las causas un accidente puede ser prevenido, antes de esa investigación la situación es distinta.
Críticas y preocupaciones de la asociación de víctimas
Además, Samper destacó que existen otras investigaciones, como la de la Guardia Civil, que ya están determinando responsabilidades tanto de individuos como de empresas, lo que pone en entredicho las declaraciones de Barrón. Criticó que tanto el presidente de la CIAF como el ministro de Transporte, Óscar Puente, usen términos que minimizan la gravedad del hecho, y reafirmó que el accidente debe considerarse un suceso evitables.
Asimismo, mostró su gran preocupación por el informe que la CIAF está redactando, ya que aseguró que se trata únicamente de un borrador privado, realizado por investigadores técnicos, al que las víctimas no tienen acceso. Según Samper, este documento pasará por un filtro político, dado que el pleno de la CIAF puede modificar el contenido antes de hacerlo público, lo que genera dudas sobre la integridad y objetividad del informe final.
Restricciones y falta de transparencia en la investigación
La asociación pidió de forma explícita estar presente en la sesión del Senado en la que se expusieron los detalles de la investigación, pero esta solicitud fue rechazada, algo que contrasta con casos anteriores donde sí se permitió la asistencia de víctimas. Samper argumentó que la petición se realizó con tiempo suficiente para que los grupos políticos la consideraran.
Además, Samper negó que la CIAF mantenga informadas a las víctimas de manera constante, indicando que no ha recibido ningún informe oficial sobre la investigación. Solo se han compartido algunos datos previos y gráficos de forma informal durante entrevistas, pero nunca un documento completo.
El presidente de la asociación también criticó la insuficiencia de recursos humanos en la CIAF, resaltando que solo dos investigadoras trabajan en el caso, una de ellas con poca experiencia, y que han solicitado refuerzos sin obtener respuesta. Otro punto relevante es la falta de colaboración de la Junta de Andalucía, que ha negado datos sobre comunicaciones de emergencia del 112 y 061, información crucial para esclarecer por qué la atención a las víctimas demoró casi una hora y media.
Unificación de acusaciones en el proceso judicial
Respecto a la decisión judicial de unificar las acusaciones particulares y populares en el juicio sobre el accidente, Samper manifestó su desacuerdo. Explicó que existen más de 400 víctimas que buscan responsabilidades tanto penales como civiles, y que es inconcebible que un solo abogado, desconocido para muchos, pueda representar adecuadamente a todos ellos.
Finalmente, confió en que la jueza rectifique esta medida y opte por solicitar apoyo para acelerar el proceso, recordando que la defensa individual de cada afectado es fundamental dada la extensión y complejidad del caso.