Andalucía plantea edad mínima para redes y refuerza alertas ante acoso
La Junta de Andalucía ha defendido el impulso de propuestas orientadas a configurar un nuevo marco para erradicar el acoso escolar y el ciberacoso, con especial atención al entorno digital y a la coordinación entre centros, familias y servicios especializados.
Entre las líneas planteadas figura abrir el debate sobre una edad mínima de acceso a redes sociales para niños y adolescentes, así como analizar, en el plano jurídico, la posible tipificación del acoso escolar como delito.
El planteamiento se expuso en Córdoba, en el marco del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, bajo el lema 'Andalucía frente al Acoso', con cerca de un millar de asistentes y cierre institucional del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.
CÓRDOBA, 30 (EUROPA PRESS)
- Medidas planteadas para frenar acoso y ciberacoso
- Refuerzo de protocolos y supervisión
- Protección de la víctima y cambio de centro
- Familias, juventud y justicia: enfoque transversal
- Marco legal, herramientas y observatorio
Medidas planteadas para frenar acoso y ciberacoso
La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, defendió el impulso, en los ámbitos correspondientes, de las propuestas consideradas claves para establecer un marco que facilite la erradicación del acoso y el ciberacoso.
Entre los ejes señalados se encuentra fijar una edad mínima para acceder a redes sociales por parte de menores, siguiendo modelos que ya se aplican en otros países como Australia. También se planteó abrir un debate jurídico sobre la posible consideración del acoso escolar como delito.
Castillo trasladó estas líneas durante las conclusiones de dos jornadas de ponencias, talleres y debates celebradas en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba, dentro del congreso 'Andalucía frente al Acoso'.
En su intervención, apuntó que, pese a contar Andalucía con un sistema consolidado de promoción de la convivencia, protección y atención a la salud mental, el contexto digital y los cambios sociales obligan a adaptar las respuestas con mayor rapidez.
En esa misma línea, indicó que la convocatoria del congreso buscó dar voz a la sociedad civil y contribuir a liderar cambios orientados al bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.
También se subrayó que la tecnología, por sí misma, no se presentó como el problema, y que los centros educativos se señalaron como un entorno especialmente supervisado. Aun así, se remarcó que los retos no recaen únicamente en el sistema educativo, sino en el conjunto de la sociedad.
Dentro de la respuesta educativa, se destacó la necesidad de seguir reforzando los enfoques preventivos, mejorar la detección temprana y optimizar la coordinación entre centros, familias y servicios especializados.
Refuerzo de protocolos y supervisión
En el ámbito educativo, se adelantó una medida orientada a reforzar las alertas de los protocolos. El planteamiento pasa por que las denuncias formuladas por familias o por miembros de la comunidad educativa se comuniquen a la inspección educativa desde el primer paso del procedimiento.
El objetivo expuesto consiste en fortalecer el asesoramiento y el seguimiento de cada caso, incluso cuando la situación se encauce con actuaciones del propio centro y con la colaboración de las familias.
En paralelo, se propuso integrar con mayor claridad la convivencia y el bienestar emocional en la ordenación y la evaluación educativa, además de avanzar en procesos de desburocratización que permitan respuestas más ágiles ante situaciones de acoso.
Castillo trasladó el compromiso de agilizar los protocolos para que la inspección educativa pase a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el mismo momento en el que se comuniquen, con el fin de acortar el procedimiento.
Asimismo, se apuntó a la necesidad de adoptar medidas de mayor alcance en aquellos supuestos en los que, ante señales de alerta, el centro educativo no active el protocolo, señalado como garantía de seguridad, control, supervisión, atención psicopedagógica y acceso a recursos sanitarios.
Protección de la víctima y cambio de centro
Durante el congreso se consideró fundamental asegurar un entorno seguro para las víctimas cuando ya se ha producido el acoso. Se recordó que desde los centros se aplican diversas medidas, incluyendo la implicación de las familias, la mediación y el acompañamiento desde los servicios de orientación y bienestar.
Según lo expuesto, en la mayoría de los casos las actuaciones derivan en el cese de las conductas de acoso y la restauración de la convivencia. No obstante, se señaló que en algunos casos se produce reincidencia.
En ese contexto, la Consejería indicó que estudiará una modificación reglamentaria para que el cambio de centro del acosador sea la consecuencia establecida por norma, con el fin de reforzar la seguridad y la protección de la víctima y mejorar la convivencia escolar.
Castillo remarcó que el objetivo es garantizar una protección mayor y más efectiva para la víctima, en línea con las aportaciones escuchadas durante las jornadas.
También se describió el congreso como un primer paso y un punto de inflexión, con la intención de mantener el recorrido en favor de la convivencia pacífica y contra el acoso, entendido como una responsabilidad compartida.
Familias, juventud y justicia: enfoque transversal
En la segunda jornada, la consejera de Desarrollo Educativo y FP estuvo acompañada por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
En este formato se subrayó la necesidad de un enfoque transversal, al situarse el papel de las familias y de los jóvenes como elemento central, y el componente jurídico y de seguridad como parte relevante del entorno digital.
López destacó que la lucha contra la violencia digital afecta al conjunto de la sociedad y presentó estos encuentros como espacios de trabajo compartido para buscar soluciones a un problema que puede tener consecuencias graves.
También indicó que el abordaje se realiza de manera transversal, con la educación como pilar, y con acciones de sensibilización y prevención dirigidas a jóvenes, además de actuaciones orientadas a las familias, al considerarse esencial el conocimiento del entorno digital en el ámbito doméstico.
Marco legal, herramientas y observatorio
Nieto señaló la conveniencia de abordar el ciberacoso desde la perspectiva de la víctima y del acosador, con el objetivo de que el agresor comprenda las consecuencias, el daño causado y pueda reconducir su conducta.
En ese marco, mostró una herramienta elaborada por menores infractores que cumplen medidas judiciales de internamiento en el CIMI El Molino de Almería, basada en la recreación de un juicio virtual por acoso escolar para favorecer la toma de conciencia.
El consejero reconoció que las nuevas formas de acoso vinculadas a Internet y a las redes sociales no están bien tipificadas en la legislación actual, y planteó la necesidad de delimitar mejor estas conductas para analizar datos que apoyen medidas preventivas y correctoras.
En relación con ello, se recordó la puesta en marcha del primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa, con el fin de contar con información actualizada sobre cambios en perfiles y tipologías delictivas y ajustar el trabajo de reeducación de los profesionales del sistema andaluz de Justicia Juvenil, del que se citó una tasa de reinserción en torno al 80%.
