Comienza la restricción temporal en las tarifas hoteleras de Grazalema

Llegada de los primeros vecinos desalojados a Grazalema (Cádiz)

El Gobierno ha anunciado una limitación temporal en los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. Esta medida, que comenzará a aplicarse el próximo miércoles, estará vigente hasta el 25 de febrero, según lo dictaminado ayer por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante este período, los establecimientos de hospedaje en las zonas afectadas deberán mantener sus tarifas sin superar los precios registrados en el mes anterior al inicio del estado de emergencia. Además, estarán obligados a comunicar de manera clara y transparente la existencia de esta limitación y los precios aplicables, para garantizar la protección de los consumidores, quienes podrán solicitar reintegros en caso de que se incumpla esta normativa.

Esta restricción en los costes hoteleros, que tiene una duración de siete días, fue propuesta por el ministro Pablo Bustinduy con el fin de evitar aumentos injustificados en las tarifas mientras las familias afectadas permanecen fuera de sus hogares y la actividad turística comienza a normalizarse. La finalidad es prevenir incrementos abruptos a través de plataformas intermediarias que comercializan alojamientos, asegurando así la accesibilidad y equidad en el acceso a estos servicios.

  1. Municipios afectados por la limitación de precios
  2. Base legal y criterios para la aplicación

Municipios afectados por la limitación de precios

Los municipios donde se aplicará esta medida son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera en Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto en Jaén; Benaoján y Ronda en Málaga; y Burguillos del Cerro y Medellín en Badajoz. Estas localidades han tenido que evacuar a parte de su población debido a las consecuencias de la borrasca.

Esta intervención representa un esfuerzo sin precedentes por parte del Gobierno para ofrecer un acceso justo a servicios esenciales en contextos de emergencia. La aplicación de esta limitación garantiza que en las zonas más afectadas no se produzcan abusos en el precio de los alojamientos, protegiendo a los vecinos y visitantes en un momento especialmente delicado.

El Ejecutivo ha recurrido por primera vez al Real Decreto-ley que permite declarar situaciones de emergencia para limitar temporalmente precios. Este instrumento legal facilita una respuesta rápida ante crisis que puedan afectar el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales.

Para determinar las zonas afectadas, se establecieron criterios específicos: los municipios deben tener más de 10 personas desalojadas y que estas representen al menos el 0,1% de la población total del municipio. Estas condiciones han sido las que han definido el alcance de la medida en los 14 municipios mencionados, asegurando así que la limitación de precios se destine a las áreas que realmente requieren esta protección.