Andalucía propone cambiar de centro al acosador y debatir su criminalización
La Junta de Andalucía está considerando un cambio normativo para que, en casos de acoso escolar, sea el agresor quien de manera habitual deba cambiar de centro educativo. Esta medida tiene como propósito principal fortalecer la seguridad y protección de la persona afectada y promover una mejor convivencia en las escuelas. Además, se ha planteado la posibilidad de iniciar un debate para que el acoso escolar pueda ser tipificado como un delito.
Así lo detalló la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante su intervención en el Parlamento, donde presentó las conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, bajo el lema 'Andalucía frente al Acoso', celebrado en Córdoba. La consejera subrayó el avance que supone este paso al abrir la discusión sobre este problema preocupante mediante la organización de dichas jornadas.
En respuesta a preguntas formuladas por el PSOE en el Pleno, Castillo confirmó que su departamento examinará la modificación de la regulación para que el cambio de centro educativo sea la consecuencia habitual para el acosador, buscando así proteger a la víctima y mejorar la convivencia escolar.
Medidas y propuestas de la Junta de Andalucía
La titular de Educación señaló que, pese a que el sistema educativo andaluz dispone de una estructura sólida para fomentar la convivencia, proteger a los estudiantes y cuidar su salud mental, debe adaptarse a los nuevos retos que surgen en esta era digital, caracterizada por cambios sociales constantes.
Entre las iniciativas propuestas para eliminar el acoso y el ciberacoso se incluye la definición de una edad mínima para que niños y adolescentes accedan a las redes sociales, siguiendo ejemplos internacionales como Australia. También se planteó la necesidad de abrir un debate jurídico para evaluar la posibilidad de que el acoso escolar sea considerado un delito.
Otro aspecto importante es el refuerzo de las alertas dentro de los protocolos, con la finalidad de que las denuncias presentadas por familiares o miembros del entorno educativo sean comunicadas de inmediato a la Inspección educativa. Esto permitirá ofrecer un asesoramiento y seguimiento más efectivo a cada caso, independientemente de que el conflicto se resuelva a través del trabajo conjunto entre las familias y las instituciones educativas.