Ignacio Fernández-Cid (FED): faltan 160.000 profesionales en dependencia
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha avisado de un déficit de personal que ya afecta a la prestación de cuidados en España. La patronal sitúa la falta actual en 160.000 profesionales y prevé que el hueco aumente hasta 639.000 en 2030, un escenario que considera crítico para el sistema.
Según la entidad, la carencia de trabajadores impide cubrir servicios que están adjudicados y que cuentan con empresas dispuestas a prestarlos. El problema se percibe con fuerza en la ayuda a domicilio y se agrava en el ámbito rural, donde la cobertura resulta especialmente difícil.
Ante este contexto, la FED solicita una reunión con las comunidades autónomas y con los ministerios implicados: Derechos Sociales, Trabajo, Educación, Interior y Asuntos Exteriores, con el fin de abordar medidas urgentes y coordinadas.
- Déficit de profesionales y previsión 2030
- Medidas urgentes que plantea la FED
- Trabajo, homologaciones y llegada de personal exterior
- Perfiles más afectados y servicios sin cobertura
- Regularización extraordinaria de migrantes
- Financiación del sistema y presión demográfica
Déficit de profesionales y previsión 2030
El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press que el déficit actual de 160.000 profesionales ya tiene efectos directos: hay servicios que no se llegan a prestar pese a estar licitados y concedidos. Como ejemplo, ha señalado las dificultades para cubrir turnos en ayuda domiciliaria, donde la falta de personal impide atender la demanda.
La patronal cita un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para estimar que España necesitará entre 261.000 y 639.000 nuevos trabajadores antes de 2030 con el objetivo de garantizar la atención a la dependencia.
Medidas urgentes que plantea la FED
La FED reclama una respuesta inmediata basada en varias líneas de actuación: planificación estatal de profesionales, un plan de choque en formación y contratación, y la actualización de los precios de concierto vinculada al IPC y al SMI.
Entre las prioridades también figuran la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo de una coordinación sociosanitaria que permita sostener la atención actual y la futura.
Trabajo, homologaciones y llegada de personal exterior
Fernández-Cid ha indicado que, a su juicio, el Ministerio de Trabajo no asume la existencia del problema en el sector. En ese marco, ha subrayado que determinadas ocupaciones no se contemplan dentro de las profesiones de difícil cobertura, lo que, según ha detallado, limita la posibilidad de organizar contingentes de trabajadores de fuera que lleguen con el título homologado, un contrato estable y apoyo inicial, incluida una solución habitacional durante el primer mes.
También ha cuestionado los plazos de homologación de títulos, al afirmar que el Ministerio de Educación tarda dos y tres años en reconocer la titulación a profesionales que ya se encuentran en España. En ese periodo, ha apuntado, estas personas quedan fuera del circuito laboral regular.
De acuerdo con la FED, una homologación más ágil permitiría que 50.000 profesionales se incorporaran al sector de forma inmediata.
Perfiles más afectados y servicios sin cobertura
La organización identifica como perfiles más tensionados a gerocultores, auxiliares, personal de ayuda a domicilio y enfermería. La situación sería especialmente grave en la atención domiciliaria, donde la FED describe un aumento exponencial de la demanda y dificultades de cobertura que ya considera estructurales.
La patronal afirma que, en la actualidad, hay prestaciones que no se realizan por falta de profesionales disponibles. En el ámbito residencial, Fernández-Cid ha explicado que se reciben llamadas de familias que solicitan plaza con urgencia ante altas hospitalarias próximas, pero que muchas residencias se encuentran al 100% de ocupación, lo que obliga a rechazar ingresos.
Regularización extraordinaria de migrantes
En este escenario, la FED valora como un alivio la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, al considerar que incrementaría el número de personas que podrían ser contratadas y que ya están en el país.
La entidad precisa que estas personas deben obtener un certificado de profesionalidad. Por ello, ha solicitado flexibilidad para contratarlas y facilitar formación práctica vinculada al puesto, de modo que puedan incorporarse a los créditos formativos ya concedidos a las empresas y acelerar su capacitación mientras trabajan.
Financiación del sistema y presión demográfica
El presidente de la FED ha alertado de un problema de infrafinanciación. Según ha expuesto, España destina un 0,9% del PIB a la dependencia, frente al 1,8% de media en la Unión Europea, lo que equivaldría a 11.000 millones de euros adicionales. Asimismo, ha criticado el reparto actual del gasto: un 73% lo asumen las comunidades autónomas y un 27% el Estado.
La FED recuerda que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a más de 1,6 millones de personas, y que el número de solicitudes registradas acumuladas supera los 2,3 millones. A finales de 2024, el sistema contaba con cerca de 489.900 profesionales en activo, una cifra que la patronal considera insuficiente para sostener la demanda actual y la prevista, especialmente por la llegada de la generación del baby boom a edades avanzadas.
Fernández-Cid ha señalado que el problema no es coyuntural y ha advertido de una presión demográfica creciente: cada año, aproximadamente, cumplen 80 años unas 80.000 personas y, según su estimación, alrededor del 50% necesitará algún tipo de apoyo en actividades básicas, como teleasistencia, ayuda domiciliaria, centro de día, residencia, asistente personal o cuidados en el entorno familiar.
El responsable de la FED ha planteado la duda sobre el origen de los profesionales necesarios para cubrir esa demanda y ha puesto el foco en la precariedad del sector, citando contratos parciales, salarios bajos y una elevada carga física y emocional. También ha manifestado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) perjudica al sector, al considerar que reduce incentivos para incorporarse al empleo en este ámbito.
En cualquier caso, Fernández-Cid ha defendido que aún sería posible evitar el colapso si las administraciones aplican soluciones urgentes y estables.