Andalucía no multa por falsificar fechas de consumo preferente y decide Cataluña
La Junta de Andalucía ha movido ficha, pero no en la dirección que esperaba FACUA Córdoba. La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha respondido a la denuncia por langostinos congelados con la fecha manipulada, y deja claro que no abrirá expediente sancionador en Andalucía.
El motivo: el foco se traslada a Cataluña. Allí tiene su domicilio la firma que habría etiquetado de forma fraudulenta el producto, Pescados Videla SA. Y, según la resolución, la decisión final queda en manos de las autoridades catalanas.
El caso afecta a un producto de marca Pescanova vendido en Córdoba y ha reactivado las alarmas sobre el control del etiquetado en congelados. Conviene revisar el envase si se compró este artículo y estar atento a los avisos oficiales.
- Andalucía no sanciona y deriva el caso a Cataluña
- FACUA Córdoba y la alerta por venta en Alcash
- Pescados Videla SA y la admisión del reetiquetado
Andalucía no sanciona y deriva el caso a Cataluña
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a FACUA Córdoba indicando que renuncia a iniciar un procedimiento sancionador por el suministro de langostinos congelados con la fecha de consumo preferente presuntamente falseada.
En su respuesta, el organismo andaluz señala que el centro de la actuación administrativa queda fuera de su ámbito directo. La empresa con domicilio social en Cataluña, Pescados Videla SA, aparece como la firma vinculada al etiquetado fraudulento, por lo que la resolución traslada el peso de la decisión a la administración catalana.
FACUA Córdoba y la alerta por venta en Alcash
La asociación denunció en noviembre de 2024 que el establecimiento Alcash, en la capital cordobesa, estaba comercializando langostinos congelados de marca Pescanova con la fecha de consumo preferente y el número de lote alterados.
Tras el aviso al fabricante, la empresa explicó que un tercero había añadido una etiqueta que no coincidía con la codificación original del producto. Además, se señaló que esa etiqueta incluso presentaba un dígito menos, un detalle que reforzaba la sospecha de manipulación.
Sobre la producción real, Pescanova comunicó que el lote mencionado en la denuncia se había fabricado en la semana 42 de 2022. En este tipo de producto se asignan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha correcta de consumo preferente era el 18 de abril de 2024, no el 18 de abril de 2025 que figuraba en la etiqueta pegada en el artículo a la venta en Alcash.
Con ese dato, FACUA Córdoba solicitó a la Junta de Andalucía que investigase lo ocurrido y valorase sanciones por dos motivos: la venta de un producto con más de un año de consumo preferente vencido y la presunta falsificación del etiquetado de origen. También pidió la retirada del producto y que se informase por los canales públicos legales a los consumidores que pudieran haberlo comprado, para evitar posibles perjuicios de salud.
Pescados Videla SA y la admisión del reetiquetado
En la resolución trasladada a FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía indica que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada era Pescados Videla SA, con sede en Cataluña. Tras requerir información, las autoridades sanitarias catalanas comunicaron a su homólogo andaluz que la empresa había remitido 1.000 estuches de mariscadas de marca Pescanova con las fechas de consumo preferente manipuladas.
La propia empresa reconoció lo sucedido y admitió que se había producido un «reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente», por lo que procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido.
El documento de la Junta de Andalucía remata el caso con una indicación clara sobre el estado de la mercancía. Según la resolución, «toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña».
Con este cierre, Andalucía da por encauzada su actuación y deja el seguimiento en el ámbito catalán. Para el consumidor, el mensaje es directo: revisar el etiquetado, conservar el ticket si existiera y atender a cualquier comunicación oficial relacionada con el producto.
