Un pequeño edificio del siglo XIX se encuentra en el corazón de la ciudad de Málaga, en la plaza de Félix Sáenz. Su fachada de apenas tres metros alberga la licorería La Mallorquina. Aunque un alquiler en semejante localización podría costar cerca de los dos mil euros, por la renta del local el dueño paga una cantidad casi simbólica de 150 euros. El dinero no va al propietario, ya que lleva años sin dueño al no aparecer el heredero.
La última persona que consta en el Registro de la Propiedad es Felipe Félix Beighan Larrouy, un ciudadano de origen suizo que heredó el inmueble en 1873 y falleció en 1946. Desde entonces, el edificio de 28 metros cuadrados por planta, no tiene dueño conocido.
Hasta el momento, los administradores de la finca se han ocupado de su mantenimiento gracias al alquiler que perciben. Sin embargo, hace siete años pusieron el asunto en manos de los abogados al no haber ningún marco legal. Joaquin Alberto Vázquez cuenta que han hecho todo lo posible para encontrar a los dueños, han visitado consulados y embajadas, “pero fue imposible”. Tres generaciones han heredado la gestión del edificio, comenzando por su abuelo, que falleció en 1975 y por tanto no saben si el acuerdo fue verbal, después asumiría su padre y, más tarde, él mismo. “No podemos seguir gestionando un edificio sin saber quién es el dueño”, afirma Vázquez.
Al no constar herederos ni testamento, Haciendo intentó declarar a la Administración General del Estado como heredera gracias al artículo 956 del Código Civil, que establece que “a falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredará el Estado quien, realizada la liquidación del caudal hereditario, ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación”
En este supuesto, “dos terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado”. Sin embargo, este primer intento resultó fallido porque la Abogacía del Estado de Málaga emitió un informe en septiembre de 2020 en el que estimaba que el inmueble ha de considerarse “vacante y sin dueño conocido”.
Ante esta situación, la Dirección General del Patrimonio del Estado acuerda el inicio de un procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial del Estado de esta parcela. Según la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el primer paso es darle publicidad a este acuerdo de incoación a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento por si pudiera aparecer un propietario.
Hacienda tiene dos años para demostrar ante la Abogacía del Estado que el edificio le pertenece e incluirlo en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
No sabemos si existirá un heredero en la línea sucesoria de Felipe Félix Beighan Larrouy, pero su fachada su naranja y sus ventanas marrones son emblemáticas en el centro de la ciudad.
