La misiva mediante la cual España abandonó el Sáhara Occidental
El 26 de febrero de 1976, España informó al secretario general de la ONU de entonces, Kurt Waldheim, sobre su retirada definitiva del Sáhara Occidental, incumpliendo así el compromiso de garantizar a sus habitantes la autodeterminación mediante un referéndum. Así, España renunció a toda responsabilidad sobre el territorio que 50 años después está mayormente bajo control efectivo de Marruecos.
La carta enviada por el embajador español ante la ONU, Jaime de Piniés, señalaba que a pesar de la intención del Gobierno español de llevar a cabo una descolonización ordenada y pacífica conforme a la Carta y a las resoluciones de la Asamblea General, circunstancias externas impidieron la realización del referéndum, lo que motivó la retirada.
El Gobierno recordó que el 20 de agosto de 1974 anunció la convocatoria del referéndum para los primeros seis meses de 1975. Sin embargo, la Asamblea General aprobó una resolución que solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, pidiendo el aplazamiento del referéndum, petición impulsada por Marruecos.
España aceptó ese aplazamiento, aunque prolongaba sus responsabilidades y generaba incertidumbre, ya que la resolución reafirmaba el derecho a la libre determinación de la población autóctona del territorio.
En ese contexto, aunque no se nombraron directamente, se mencionaron "factores externos" que dificultaban el proceso, y el Consejo de Seguridad se reunió el 20 de octubre a solicitud española. En esa sesión, el Gobierno reiteró su disposición para garantizar una descolonización pacífica y rápida, incluso aceptando una posible administración territorial temporal, tal como propuso el secretario general en un informe.
Factores externos que dificultaron el proceso
No obstante, explicó que dichos factores no favorecieron un clima de paz y orden, sino que incrementaron la inestabilidad en la zona, sin mencionar directamente a Marruecos ni al Frente Polisario.
El embajador informó a Waldheim el 23 de mayo de 1975 que, si esos factores perturbadores no cesaban, España tendría que poner fin a su presencia y administración, comunicando la fecha con antelación.
La Misión Visitadora de la ONU al Sáhara Español, cuya labor era preparar un informe sobre la descolonización, visitó tanto la entonces provincia española como Marruecos, Argelia y Mauritania poco antes.
Su informe, divulgado el 10 de octubre de 1975, concluyó que dentro del territorio la mayoría entrevistada apoyaba la independencia y rechazaba las reclamaciones territoriales de Marruecos y Mauritania.
Posteriormente, la Corte Internacional de Justicia dictaminó el 16 de octubre que no se encontraron vínculos jurídicos que condicionaran la descolonización ni la aplicación del principio de autodeterminación.
La marcha verde y el acuerdo tripartito
La reacción de Hassán II, monarca de Marruecos, fue distinta. Basándose en el reconocimiento de ciertos vínculos jurídicos de pleitesía entre algunas tribus saharauis y el sultán marroquí en el momento de la colonización, convocó la llamada 'Marcha Verde', una movilización pacífica para reclamar el territorio.
Mientras tanto, según las resoluciones de la ONU, se negociaron acuerdos entre España, Marruecos y Mauritania, que terminaron en el Acuerdo Tripartito de Madrid. Este establecía que la presencia española en el Sáhara concluiría antes del 28 de febrero de 1976.
El Gobierno español destacó que había realizado todos los esfuerzos posibles para que la descolonización fuera rápida, pacífica y respetuosa con la opinión local, aunque lamentó que las circunstancias externas hayan impedido hasta entonces la realización del referéndum.
Conforme al acuerdo del 14 de noviembre de 1975 en Madrid, España comunicó hoy la finalización definitiva de su presencia en el territorio, apuntando dos aspectos: primero, que cesa su responsabilidad internacional administrativa en el Sáhara Occidental según el Acuerdo Tripartito.
Y segundo, que la descolonización completa se producirá cuando la población saharaui exprese válidamente su opinión.
¿España sigue siendo potencia administradora?
Basándose en esta última declaración, distintas administraciones han sostenido que España dejó de ser potencia administradora del Sáhara Occidental, territorio que aún figura en la lista de la ONU de regiones pendientes de descolonización.
Desde entonces, España ya no aparece como potencia administradora en el listado de territorios no autónomos de Naciones Unidas, afirmó el Ejecutivo en respuesta parlamentaria al Senado en septiembre de 2020. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado esta postura ante cuestionamientos similares.
Sin embargo, el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco, Juan Soroeta, sostiene que en términos jurídicos España continúa siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, condición reconocida por la Asamblea General en los años 60 y vigente sin haberse revocado.
En declaraciones a Europa Press, aclara que un Estado puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones. Destaca que, aunque España no controla la tierra ni el mar debido a la ocupación marroquí, mantiene el control del espacio aéreo en todo el territorio, incluso sobre áreas bajo control del Polisario.
Cuestiona bajo qué otro concepto podría España ejercer esta función si no como potencia administradora.
Asimismo, apunta que la Audiencia Nacional también se ha pronunciado sobre el asunto. En un auto de julio de 2014, la Sala de lo Penal, entonces presidida por Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, recordó que el Sáhara Español fue una provincia y que con su ingreso en la ONU España asumió el rol de potencia administradora.
Tras argumentar detalladamente, el auto concluye que España sigue siendo potencia administradora de iure, aunque no de facto, con las obligaciones que ello implica hasta que finalice el proceso de descolonización, según lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Carta de la ONU.