El Gobierno dice que la RAE tiene autonomía "total" y sin órdenes
El Gobierno sostiene que las Reales Academias y el Instituto de España son entidades privadas sui generis y que disponen de una autonomía funcional “total” frente a la Administración General del Estado. Según el Ejecutivo, esta circunstancia impide que el Gobierno pueda darles instrucciones de carácter científico o gubernativo.
Esta posición figura en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press. El escrito responde a preguntas del PP en el Congreso sobre una posible interferencia del Gobierno en las próximas elecciones del director de la Real Academia Española (RAE).
En ese mismo bloque de cuestiones, el PP también pidió aclaraciones sobre si el Gobierno respalda las declaraciones y valoraciones del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en relación con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
- Autonomía de las Reales Academias y del Instituto de España
- Preguntas del PP y referencias al Instituto Cervantes
Autonomía de las Reales Academias y del Instituto de España
El Gobierno señala que, aunque las Reales Academias y el Instituto de España dependen formalmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la autonomía de la RAE queda amparada por su marco jurídico.
En primer término, cita el Real Decreto 1109/1993, que reconoce a la Real Academia Española como una institución con personalidad jurídica propia. De acuerdo con esa norma, la RAE cuenta con capacidad para decidir por sí misma en los asuntos lingüísticos y literarios, así como en materias de gobierno interno y económicas que le correspondan.
Además, el Ejecutivo alude al Reglamento de 2014, que establece que los estatutos y el propio reglamento deben interpretarse del modo más favorable a la autonomía y a la suficiencia normativa de la Academia, “en cuanto no se opongan a la legislación general”. En ese texto también se recoge que la RAE puede adoptar “cuantas decisiones convengan al cumplimiento de sus fines”.
Preguntas del PP y referencias al Instituto Cervantes
En su consulta, el PP preguntó igualmente si la polémica relacionada con declaraciones de García Montero —en las que afirmó que la RAE está en manos “de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”— refuerza o debilita el papel del español como lengua global.
El PP también solicitó al Gobierno que precisara si considera que, dentro de las competencias del Instituto Cervantes, se encuentra “valorar o juzgar públicamente las actuaciones del director de la RAE”.