La RFEF abre expediente y suspende a un árbitro por presunta agresión sexual
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reaccionado tras enterarse por las informaciones publicadas en prensa de la detención de un árbitro profesional de LaLiga Hypermotion, la Segunda División del fútbol español.
Según lo conocido hasta ahora, el caso gira en torno a una presunta agresión sexual a una prostituta. A partir de esas noticias, el organismo federativo ha movido ficha con medidas internas.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la RFEF ha optado por apartar al colegiado de sus funciones de forma preventiva, a la espera de lo que determine el proceso.
Expediente y suspensión cautelar
La RFEF comunicó que, tras las publicaciones aparecidas en las últimas horas en distintos medios, tuvo constancia este lunes de la detención de un árbitro profesional de Segunda División. El organismo lo expresó así en un comunicado: "La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda División".
Desde la federación que preside Rafa Louzán se explicó que, "en base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados", se ha puesto en marcha "la apertura de un expediente de investigación" para esclarecer lo ocurrido. Además, se adoptó una medida cautelar: "Y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso".
Investigación y hechos denunciados en Gijón
El periódico La Nueva España informó este lunes de que el colegiado, de 33 años, está siendo investigado por un episodio ocurrido en Gijón hace unas semanas. Según ese relato, fue detenido por el presunto suceso y, tras declarar, quedó en libertad con cargos.
El mismo diario añadió que el árbitro llegó a volver a dirigir un partido de la competición. También recogió la versión de la denunciante, que sostiene que el investigado se habría hecho pasar por Policía Nacional y la habría amenazado "por su situación administrativa irregular en España". En paralelo, un juzgado de instrucción de Gijón mantiene abiertas diligencias por los presuntos delitos de agresión, coacción y usurpación de funciones públicas.