La Ley de Desperdicio Alimentario hará que varios alimentos bajen de precio
El 3 de abril de 2026 entró en vigor la primera ley que obliga a actuar contra el desperdicio de comida
Desde el 3 de abril de 2026, España cuenta con una ley pionera que exige a toda la cadena alimentaria tomar medidas concretas para combatir el desperdicio de comida. Esta normativa impacta directamente en la experiencia diaria del consumidor, transformando la oferta comercial. Por ejemplo, los supermercados deberán incluir productos con aspecto menos perfecto en sus estantes, mientras que restaurantes están obligados a facilitar envases para que los clientes puedan llevarse las sobras sin costes añadidos. Además, grandes tiendas tendrán que priorizar la donación de excedentes en lugar de tirar alimentos aptos para el consumo.
Es fundamental aclarar qué aspectos son de cumplimiento obligatorio, cuáles se animan como recomendación y cuáles quedan en la esfera de las buenas prácticas voluntarias. La diferencia entre cada uno de estos niveles marcará el grado de cambio que experimentarán los distintos actores del sector y su incidencia en el día a día de los consumidores.
Los datos justifican la creación de una legislación específica. En 2024, España redujo en un 4,4 % la cantidad de alimentos y bebidas desperdiciados respecto a 2023, evitando que más de 51,5 millones de kilos o litros acabasen en la basura. La tasa total de desperdicio descendió hasta un 3,7 % del total de alimentos y bebidas adquiridos. A pesar de esta mejora, la situación sigue siendo preocupante: en 2022, se desecharon 7.700 millones de kilos de comida en el país. Dentro de los hogares, frutas, verduras y lácteos representan más del 50 % del desperdicio total.
Obligaciones para cadenas y hosteleros
El artículo 6 de la ley, que establece las obligaciones generales para todos los agentes implicados en la cadena alimentaria, entró en vigor un año después de su publicación oficial en el BOE, por lo que estas medidas son plenamente vigentes desde abril de 2026.
Para los grandes establecimientos, los requisitos principales giran en torno a una "jerarquía de prioridades" en la gestión de sus desperdicios. Las empresas con superficies mayores a 1.300 metros cuadrados deben dar preferencia a la transformación de productos no vendidos para que puedan ser consumidos por humanos. Ejemplos prácticos incluyen convertir pan ya duro en pan rallado, aprovechar fruta madura para hacer postres o reutilizar excedentes de carne en caldos.
En el sector de la hostelería, la norma más visible es la obligación de facilitar que los clientes se lleven sin coste añadido cualquier alimento no consumido. Los establecimientos deben informar claramente de esta posibilidad, preferentemente a través de la carta o el menú. Esta medida no se aplica a los bufés libres.
Respecto a las sanciones, el régimen contempla diferentes niveles según la gravedad de la infracción. Las faltas leves, como no cumplir con la jerarquía de prioridades o obstaculizar la donación de alimentos, pueden acarrear multas de hasta 2.000 euros. Las infracciones graves, como no contar con un plan de prevención de desperdicio o destruir intencionadamente alimentos aptos, conllevan sanciones entre 2.001 y 60.000 euros. En casos de reincidencia, las multas pueden alcanzar hasta 500.000 euros.
Promoción y descuentos: entre lo mandatorio y lo voluntario
La ley marca una diferencia clara entre obligaciones legales y recomendaciones que quedan a criterio de cada establecimiento. Por ejemplo, fomentar la venta de productos cercanos a su fecha de caducidad, crear líneas específicas para "productos feos" o permitir al consumidor elegir raciones de diferentes tamaños son acciones que no son estrictamente obligatorias.
Aunque los distribuidores sí están obligados a promover la venta de alimentos próximos a caducar, la ley no detalla cómo deben aplicarse los descuentos o promociones al respecto. Sí queda terminantemente prohibido tirar alimentos en buen estado sin haber aplicado la jerarquía de uso antes.
Además, estas buenas prácticas, aunque en principio voluntarias, podrían convertirse en exigencias en el futuro. Entre ellas se contemplan vender alimentos con imperfecciones estéticas, impulsar productos locales, ecológicos o de temporada y aplicar descuentos para productos con fecha próxima a caducar.
La ley no tiene el mismo alcance para todos. Establecimientos con superficies iguales o menores a 1.300 m² dedicados a actividades como la transformación, comercio minorista, distribución o restauración están exentos de elaborar un plan con la jerarquía de prioridades. No obstante, esta exención no se aplica a las microempresas, que quedan fuera de la regulación.