Sordo descarta reducción masiva de tributos
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, manifestó su oposición a una reducción de impuestos generalizada motivada por la guerra en Irán y Oriente Medio. No obstante, aseguró que reclamarán medidas para limitar los precios de la energía o proteger el empleo y la actividad económica si resultan necesarias.
La postura que defenderá CCOO en la reunión de este jueves con representantes del Gobierno de España y otros actores sociales se centrará en evaluar posibles respuestas a los efectos derivados de este conflicto internacional.
En una rueda de prensa realizada en Palma este miércoles, antes de participar en un encuentro con delegados de CCOO en Baleares durante la campaña 'De las respuestas a la acción', el dirigente sindical hizo estas declaraciones.
- La postura de CCOO frente a la crisis
- La guerra en Irán y sus implicaciones
- Movilización y subidas salariales propuestas
La postura de CCOO frente a la crisis
Sordo subrayó que las decisiones deben tomarse de forma gradual y en sintonía con el desarrollo de los acontecimientos, evitando adelantar reacciones. Advirtió que, en caso de una escalada o prolongación del conflicto, podrían aumentar los precios de los combustibles y generarse cortes en las cadenas de suministro, lo que derivaría en un alza de la inflación segura.
Criticó la actitud de la "derecha" y de ciertas organizaciones empresariales que proponen una bajada de impuestos mientras demandan recursos públicos para implementar distintas medidas, declarando que ambas posturas son incompatibles.
"Los ERTES y las ayudas a autónomos durante la pandemia implicaron un gasto de 30.000 millones de euros del erario público y no se puede actuar con dos criterios contradictorios. Se puede debatir sobre algunas medidas impositivas, pero CCOO no apoya una reducción generalizada de impuestos", explicó.
Además, solicitó un seguimiento sectorial de los efectos de la crisis sobre el empleo y la posible adopción de iniciativas para preservar los puestos de trabajo si fuera necesario.
El representante sindical también planteó la importancia de que el Gobierno elabore una memoria económica detallada del coste de las medidas adoptadas para que la ciudadanía entienda el esfuerzo para "salvar la economía", lo que facilitaría contrarrestar discursos contrarios a los impuestos.
Recalco que las medidas económicas deben ser coherentes, ya que "no se puede desarmar fiscalmente al Estado, después demandar su rescate y criticar cuando se endeuda. Todo eso no es viable".
La guerra en Irán y sus implicaciones
El secretario general calificó la guerra en Irán como un conflicto unilateral que transgrede la legalidad internacional, provocado por un "nuevo Napoleón" en alusión al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Advertió que la escalada podría adquirir dimensiones imprevisibles pero ya está causando impactos económicos.
Denunció que esta guerra forma parte de una serie de acciones recientes de Estados Unidos, mencionando la intervención en Venezuela y las disputas arancelarias con la Unión Europea y otros países.
Pidió a la Unión Europea que actúe con firmeza frente a quien intenta dividirla, evitando que el bloque quede fragmentado y en una posición débil a nivel mundial. Abogó por un reordenamiento de las relaciones internacionales y la adopción de resistencias comunes.
Destacó el papel destacado del Gobierno de España, que ha expresado posiciones alineadas con esta línea de actuación, pese a las amenazas de una posible guerra comercial. Este apoyo ha motivado una respuesta sindical europea, con una declaración conjunta y una manifestación de la Confederación Europea de Sindicatos convocada para el 18 de junio en Madrid.
También criticó a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien afirmó que la UE "no puede ser guardiana del viejo orden mundial". Para Sordo, la Unión debe aspirar a ser un referente democrático, y advirtió que esa postura la inhabilitaría para liderar la institución si no cambia de enfoque.
Propuso fortalecer la política industrial europea, fomentar la producción local, reforzar las relaciones comerciales globales y mejorar la seguridad interna para reducir la dependencia de Estados Unidos.
Movilización y subidas salariales propuestas
En el marco de la campaña 'De las respuestas a la acción', CCOO pretende movilizar alrededor de 25.000 delegados sindicales para impulsar la negociación colectiva y eventualmente convocar conflictos laborales.
Enfatizando la consigna "salarios, techo y tiempo", busca evidenciar la profunda desigualdad en el reparto de la renta en España. Señala que los salarios medios y bajos registran incrementos, pero los ingresos situados entre el salario mínimo y la media permanecen estancados.
Este fenómeno afecta a entre diez y once millones de personas en todo el país, lo que, junto al encarecimiento de la vivienda y bienes esenciales, genera dificultades para llegar a fin de mes, incluso sin estar en situación de pobreza.
Frente a esta situación, CCOO ha planteado un aumento salarial general del 4%, con subidas del 7% para aquellos cuyos sueldos no alcanzan la media. El argumento es que las empresas —no solo las del Ibex 35— están obteniendo mayores beneficios y la buena marcha económica debería reflejarse en los salarios.
Respecto a la problemática de la vivienda, Sordo reconoció la ausencia de soluciones inmediatas pero propuso medidas como topar los precios de los alquileres, prohibir actividades especulativas, movilizar viviendas vacías y fomentar la construcción de vivienda pública y social.
José Luis García, secretario general de CCOO en Baleares, señaló que la evolución económica no se ha traducido en mejoras en las condiciones de vida, generando malestar y frustración social. Asimismo, alertó que la extrema derecha podría aprovechar esta situación con mensajes simplistas ante problemas complejos.
Por ello, CCOO apuesta por un mensaje de no resignación y por el rechazo a que la desigualdad se acepte como algo inevitable.
Subrayó la necesidad de políticas públicas de vivienda y del fortalecimiento de los servicios públicos, dado que su deterioro afecta directamente a las rentas de los trabajadores. Destacó el rechazo de funcionarios a ocupar plazas en Baleares, el colapso del Hospital Son Espases y la renuncia del Govern a fondos para ampliar plazas en formación profesional pública como ejemplos de esta problemática.