Piden a plataformas retirar oferta vacacional en zonas ocupadas por Israel
El debate sobre la publicidad de alojamientos turísticos en zonas en conflicto ha vuelto al primer plano en España. Esta vez, el foco se sitúa en anuncios de alquiler vacacional ubicados en asentamientos israelíes dentro de territorio palestino ocupado, un asunto con implicaciones legales y de derechos humanos.
En este contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha activado actuaciones dirigidas a plataformas de intermediación que operan en el mercado español. El objetivo declarado es frenar la difusión de comunicaciones comerciales consideradas ilícitas por la normativa vigente.
El mensaje es claro: cuando una oferta turística se vincula a territorios ocupados y a asentamientos señalados por el derecho internacional, la publicidad deja de ser un simple anuncio y pasa a tener consecuencias. La retirada o el bloqueo de contenido se plantea como una medida inmediata para evitar la continuidad de estas publicaciones.
- Retirada de anuncios en territorio palestino ocupado
- Marco legal: real decreto-ley y publicidad ilícita
- Contexto internacional y criterio de la Corte Internacional de Justicia
- Denuncias de ONG y el informe Destino Ocupación
Retirada de anuncios en territorio palestino ocupado
MADRID, 30 (EUROPA PRESS). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas de alojamiento vacacional la retirada de 138 anuncios que publicitan alojamientos situados en territorio palestino ocupado por Israel.
La medida se dirige a anuncios de alojamientos turísticos ubicados en asentamientos israelíes. Según lo comunicado, la actuación busca impedir que estas ofertas sigan visibles para usuarios en España, al considerarse que encajan en la categoría de contenido ilícito.
Investigación y requerimiento a siete plataformas
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha desarrollado una investigación que permitió reunir decenas de anuncios de alquiler vacacional localizados en esos territorios. El resultado, según se detalla, fue la identificación de 138 anuncios distribuidos en siete plataformas de intermediación que ofertan este tipo de servicios en España.
Tras esa recopilación, se remitió un primer requerimiento a las multinacionales implicadas. En ese documento se indica que se ha detectado contenido ilícito en forma de comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se solicita su retirada o bloqueo inmediato.
Advertencia por posibles actuaciones posteriores
El aviso incluye una advertencia explícita sobre los siguientes pasos. "Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio", señala Consumo en un comunicado.
Este enfoque refuerza la idea de que no se trata de una recomendación voluntaria. En la práctica, se plantea como un requerimiento con efectos operativos sobre el contenido publicado y con potencial continuidad administrativa si no se cumplen las órdenes de retirada.
Marco legal: real decreto-ley y publicidad ilícita
La actuación se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El texto legal se presenta como la base para considerar ilícita la promoción de bienes y servicios vinculados a asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.
La aplicación de esta norma conecta la publicidad digital con obligaciones legales. En consecuencia, el listado de alojamientos turísticos en estos enclaves deja de ser una cuestión comercial y se interpreta como un supuesto regulado por el derecho interno.
Artículo 4 y consideración de publicidad ilícita
La referencia concreta se sitúa en el artículo 4. Ahí se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.
De este modo, la presencia de anuncios de alquiler vacacional en estas zonas se integra en un marco normativo que permite exigir su eliminación. La clave está en la naturaleza del servicio anunciado y en el lugar donde se presta, tal y como se describe en el Real Decreto-ley.
Códigos postales y publicación en el BOE
Los anuncios identificados corresponden a alojamientos ubicados en localidades asociadas a más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. Según la información facilitada, estos códigos postales se publicaron el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este detalle aporta un criterio de identificación territorial para ubicar los anuncios. Con esa lista, la detección y verificación de publicaciones se apoya en un elemento administrativo concreto, lo que facilita la trazabilidad de los alojamientos ofertados.
Contexto internacional y criterio de la Corte Internacional de Justicia
El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno se justifica por la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel. En ese marco, se enlaza la actuación nacional con referencias jurídicas internacionales.
Además, se cita la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio, titulada 'Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental'. Ese pronunciamiento sostiene que las violaciones en el territorio palestino ocupado generan consecuencias jurídicas para el resto de los Estados de la comunidad internacional.
Obligaciones de los Estados según la Opinión Consultiva
La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado". Esta cita se utiliza como soporte para reforzar la legitimidad de limitar determinadas actividades comerciales.
En términos prácticos, el argumento apunta a que la actividad económica vinculada a asentamientos no es neutral. Por tanto, la difusión de anuncios de servicios turísticos en esas ubicaciones puede interpretarse como una pieza más dentro de relaciones comerciales que sostienen una situación calificada de ilegal.
Consumo y la referencia a un régimen colonial
Por ello, Consumo considera que estos alojamientos "contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional". La formulación no se limita a la publicidad, sino que conecta el impacto del turismo con la continuidad de un marco político y territorial.
En paralelo, se recuerda que en noviembre de 2025 la Association of Jurists for the Respect of International Law (Jurdi) presentó una demanda en Francia contra un servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada.
Denuncias de ONG y el informe Destino Ocupación
La discusión sobre plataformas y alojamientos turísticos en estas zonas no es nueva. Desde el año 2019, Amnistía Internacional y otras ONG habían denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino.
En ese contexto, el informe de la organización puso el foco en grandes actores del turismo online y en cómo se presentan las ofertas. La presión pública se ha centrado en la transparencia de los anuncios y en el efecto que puede tener la comercialización de estancias y actividades en asentamientos.
Plataformas señaladas desde 2019
AMNISTÍA INTERNACIONAL SEÑALABA A AIRBNB, BOOKING, TRIPADVISOR Y EXPEDIA. El informe publicado por la organización señalaba directamente a gigantes del turismo en línea como Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia por ofrecer alojamientos y actividades de ocio en estos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén-Este.
En su informe 'Destino Ocupación', Amnistía analizaba las ofertas de estas empresas en cinco lugares concretos de Cisjordania y Jerusalén-Este y recordaba que promover estas colonias israelíes, en las que viven ya más de 600.000 personas, significa violar el derecho internacional y los derechos humanos de los palestinos que viven bajo ocupación y constituye un "crimen de guerra".
Turismo en asentamientos y derechos humanos
"Amnistía Internacional considera que Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor no sólo contribuyen de forma importante a llevar el turismo a los asentamientos ilegales, sino que además engañan a sus clientes al no indicar de modo sistemático si los anuncios están situados en asentamientos israelíes", argumenta Amnistía en su informe.
Según la organización, el Gobierno israelí ha invertido en los últimos años mucho dinero en el desarrollo de la industria turística en los asentamientos con fines esencialmente políticos, utiliza lugares de interés "para justificar la apropiación de tierras y viviendas palestinas y a menudo construye asentamientos cerca de yacimientos arqueológicos deliberadamente, para subrayar la relación histórica del pueblo judío con la región".
"El Gobierno israelí utiliza la creciente industria turística en los asentamientos para legitimar su existencia y su expansión y las empresas de turismo en línea le siguen el juego Los crímenes de guerra no son una atracción turística", explicaba hace seis años en su informe Amnistía internacional que instaba a los gobiernos a impedir estas actividades por ley y que introduzcan normativas que prohíban la importación de bienes procedentes de los asentamientos.
"El modelo empresarial de Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor contribuye a estas violaciones de derechos humanos al hacer negocios en los asentamientos", explicaba Seema Joshi, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.