Airbnb recibe multa de 64 millones de euros por publicitar alojamientos sin permiso
La reconocida plataforma de alquiler de viviendas turísticas 'online', Airbnb, ha sido sancionada con una multa de 64 millones de euros. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, liderado por Pablo Bustinduy, tomó esta decisión al declarar que la compañía ha estado publicando anuncios de alojamientos que no poseen la licencia correspondiente.
Este fallo, que agota todas las opciones en la vía administrativa, es la respuesta a un proceso que comenzó con un recurso de alzada presentado ante el Ministerio de Consumo. Sin embargo, la sentencia no solo incluye la elevada multa, sino también dos sanciones accesorias para Airbnb.
- Sanciones accesorias y otras infracciones detectadas
- Expedientes a agencias inmobiliarias y objetivos de Bustinduy
Sanciones accesorias y otras infracciones detectadas
Dichas sanciones accesorias responsabilizan a la empresa de rectificar sus incumplimientos y eliminar los contenidos ilícitos publicados. Además, Airbnb está obligada a informar al público acerca de la multa que se le ha impuesto. Estas medidas vienen como respuesta a las infracciones de la normativa de consumo que se identificaron en un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma, los cuales dieron lugar a esta sentencia.
El Ministerio detectó prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios. Por ejemplo, anuncios de alojamientos turísticos publicados sin una licencia válida; esta acción es una violación directa de las leyes de la mayoría de las comunidades autónomas que requieren la inclusión explícita del número de registro en la publicidad. También se han identificado anuncios que utilizan números de licencia o registro falsos o incorrectos, y aquellos que ocultan información veraz acerca de la naturaleza jurídica de los anfitriones; estas actividades constituyen publicidad engañosa.
Por estos motivos, se ha establecido una sanción por infracción grave que asciende a 64.055.311 euros. Según el Departamento de Consumo, esta cantidad es igual a "seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb a raíz de dichas prácticas, mantenidas desde que el Ministerio los advirtió hasta la retirada final de los anuncios.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio.
Además de las multas anteriores, el Ministerio también detectó otras infracciones menores. Una de ellas es la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión en los contratos celebrados a distancia, situación que fue sancionada con 10.000 euros. Igualmente, se encontró que la empresa obstruyó la instrucción del expediente al no responder a los requerimientos del Ministerio, lo cual fue sancionado con otros 10.000 euros. Por último, la no cumplimentación de las órdenes o medidas provisionales del órgano instructor ha sido sancionada con 55.000 euros, ya que estas acciones fueron dictadas para evitar riesgos o daños a los consumidores durante el trámite del expediente.
Expedientes a agencias inmobiliarias y objetivos de Bustinduy
Desde el Ministerio se ha recordado que actualmente se mantienen varios expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias. Se sospecha que estas podrían estar llevando a cabo prácticas abusivas hacia los inquilinos en relación con la gestión del alquiler.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para afrontar la crisis de vivienda en España que es liderada por Pablo Bustinduy. Este problema es una de las principales preocupaciones del país en la actualidad. Bustinduy ha declarado abiertamente que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares". En este sentido, hizo hincapié en que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".