Hatta inicia querella ante la Agencia Tributaria por no ser "operador confiable"
Hatta Energy ha anunciado la presentación de una querella criminal contra cinco altos cargos de la Agencia Tributaria, entre ellos cuatro funcionarios de la delegación en Galicia y una jefa de área de Inspección de la ONIF ubicada en Madrid. La acción legal se debe al retraso en conceder a la compañía la condición fiscal de "operador confiable".
La empresa explica en un comunicado que desde enero espera la resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia para obtener dicha figura tributaria, que entró en vigor el mismo mes. Este estatus requiere cumplir cuatro condiciones que Hatta asegura haber cumplido, aunque la demora en la resolución ha obligado a la firma a adelantarse al pago del 110 % del IVA en cada operación, generando un impacto negativo.
Con sede en Oleiros (A Coruña), Hatta es la cuarta operadora española en el sector de hidrocarburos y el principal distribuidor para gasolineras independientes, que representan más del 40 % a nivel nacional. En diciembre pasado, la CNMC incluyó a la empresa entre los cinco principales operadores en España.
Dilación en la resolución
Hatta denuncia que la Agencia Tributaria en Galicia contaba con un plazo máximo de tres meses para emitir una resolución, tiempo que finalizó el 6 de abril sin respuesta expresa. El expediente aún permanece sin resolver formalmente, lo que la compañía considera un incumplimiento de la obligación legal.
Impacto financiero y mercado
La empresa destaca que esta demora está provocando dificultades financieras que afectan la salud económica de la organización. Además, advierte que esta situación genera un obstáculo para la libre competencia en el sector, con un efecto directo en los precios que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
Hatta llega a calificar esta circunstancia como una "trama corrupta" y acusa a los funcionarios de una "flagrante prevaricación". La querella se suma a una denuncia previa presentada el 18 de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual ha sido ampliada en dos ocasiones para añadir nuevos datos a la acusación pública.