Inspectores de Hacienda se oponen a ceder gestión Tributaria a CCAA
La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ha abierto un debate sensible sobre cómo se gestiona el sistema tributario en España.
En juego está la coordinación entre administraciones y la capacidad de mantener servicios clave, además de la eficacia en la lucha contra el fraude.
Ante este escenario, resulta esencial seguir de cerca los cambios planteados y sus efectos prácticos, ya que pueden impactar en el gasto público y en la gestión diaria de los impuestos.
Planteamiento del nuevo modelo
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha mostrado su desacuerdo con el modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El motivo central es que, a su juicio, el planteamiento incorpora de manera preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a las comunidades con mayor orientación al autogobierno.
En el marco de esta propuesta, se busca desplegar un sistema de gestión en red del modelo impositivo. La idea es que puedan colaborar las agencias tributarias autonómicas y la agencia estatal para reforzar la persecución del fraude y, al mismo tiempo, para que ciertos territorios vayan asumiendo más funciones de gestión, según lo expuesto por Montero en rueda de prensa.
Alertas de los inspectores de Hacienda
Para los inspectores, ese traspaso implicaría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal. Señalan que se trata de un aspecto que, según su valoración, no se aborda de frente porque conduciría a un incremento notable del gasto público y a un escenario de ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria.
Aunque ese coste no se ha calculado ni se ha mencionado en la comparecencia, la asociación sostiene que sería inasumible para la ciudadanía. También advierte de que dificultaría garantizar servicios esenciales de la AEAT, como las campañas del IRPF, y que debilitaría gravemente la lucha contra el fraude fiscal, ampliando su brecha.
Según el comunicado, esta dinámica acabaría obligando al Estado a asumir un gasto adicional que, en última instancia, solo podría afrontarse mediante subidas de impuestos.
