Trabajo pacta sólo con CCOO y UGT: SMI +3,1% en 2026 a 1.221€/mes

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. En Madrid, a 29 de enero de 2026.

El salario mínimo interprofesional marca el suelo de protección de miles de nóminas. Cada ajuste afecta al poder de compra y también a la negociación en sectores enteros. Por eso conviene seguir de cerca cada paso y exigir claridad en las reglas.

En 2026, el Ministerio de Trabajo ha cerrado un nuevo acuerdo que vuelve a situar el SMI en el centro del debate social. El anuncio llega tras una mesa de diálogo con sindicatos y con la ausencia de las organizaciones empresariales.

Además de la cifra, el foco se desplaza a un punto clave: que la subida llegue íntegra al bolsillo y no se diluya por mecanismos de absorción. La medida abre un escenario que merece atención activa por parte de personas trabajadoras y empresas.

  1. Acuerdo del SMI en 2026
    • Cambio en las reglas de absorción y compensación
      • Real decreto y ajustes exigidos por Europa
        • Incentivo fiscal propuesto por Hacienda, fuera de la mesa
          • Balance del diálogo social sin la patronal

            Acuerdo del SMI en 2026

            El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE ni Cepyme, para incrementar el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026. La cuantía se sitúa en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

            El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que se intentó incorporar a la patronal al pacto. Según ha señalado, se sucedieron propuestas y contrapropuestas, pero finalmente no fue posible sumar a CEOE y Cepyme a la presentación del acuerdo.

            Con esta subida, el SMI aumenta 37 euros al mes respecto a 2025, cuando se situaba en 1.184 euros. En términos anuales, el incremento equivale a 518 euros más, y se mantiene sin tributación en el IRPF.

            Se trata del sexto año consecutivo en el que el Gobierno acuerda con los sindicatos, y sin las patronales, el aumento del SMI. La última vez que CEOE y Cepyme apoyaron una subida fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales.

            Cambio en las reglas de absorción y compensación

            En paralelo al acuerdo, el Ministerio ha asumido el compromiso de impulsar una reforma del decreto actual del SMI. El objetivo es que los complementos salariales no puedan ser absorbidos por la subida del salario mínimo.

            Pérez Rey ha defendido que la mejora debe llegar de forma directa a la nómina. La intención, según ha indicado, es evitar que el incremento se quede “por el camino” y no se diluya cuando existen complementos ligados, por ejemplo, a condiciones de peligrosidad o a necesidades de especial atención.

            La reforma busca que esos 37 euros mensuales se traduzcan en un avance real para las personas con salarios más bajos. En un contexto de negociación laboral, este punto resulta determinante y conviene vigilar su aplicación práctica.

            Real decreto y ajustes exigidos por Europa

            El secretario de Estado ha precisado que la reforma se realizará mediante el Real Decreto para transponer la directiva europea de salarios mínimos. De este modo, ha señalado, no haría falta una norma con rango de ley.

            Frente a la posición de la patronal, Trabajo sostiene que existen “fundamentos jurídicos sólidos” para usar esta vía. En ese mismo marco, además de las reglas de absorción y compensación, se incorporarán otros elementos solicitados por Europa.

            Entre esos ajustes se incluye lo relativo al funcionamiento de la Comisión de Expertos del SMI. Se trata de un componente técnico que también influye en cómo se evalúa y se actualiza el salario mínimo.

            Incentivo fiscal propuesto por Hacienda, fuera de la mesa

            La mesa de negociación no trató la propuesta del Ministerio de Hacienda para establecer un incentivo fiscal. La idea planteaba una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, dirigida a empresas, con el fin de impulsar contrataciones con sueldos por encima del SMI.

            Pérez Rey ha reconocido que esa propuesta no era la preferida por Trabajo, que apuesta por indexar el SMI a los contratos públicos. También ha explicado que la medida no se llevó a la mesa porque, pocas horas después de conocerse y antes de formalizarse, fue calificada por la patronal como “trilera e intervencionista”.

            Según ha remarcado, Trabajo optó por no someter la propuesta de Hacienda al diálogo social al considerar que suponía una pérdida de tiempo. En un debate tan sensible, la responsabilidad pasa por centrar los esfuerzos en medidas que puedan avanzar y no bloquearse de inicio.

            Balance del diálogo social sin la patronal

            Para Pérez Rey, el proceso seguido muestra que desde el Gobierno no se han escatimado esfuerzos para recuperar el diálogo social. También ha señalado que se buscaba un terreno “más transitable” para un futuro acuerdo entre patronal y sindicatos en materia de negociación colectiva.

            En sus declaraciones, ha insistido en la existencia de una voluntad de incorporar a la patronal a la senda del acuerdo y la comprensión mutua. Sin embargo, ha lamentado la respuesta recibida, con descalificaciones “casi de manera inmediata”.

            La situación deja un mensaje claro: el SMI no es solo una cifra, también es una prueba de la capacidad de pacto. Mantenerse informado y reclamar reglas justas ayuda a que las mejoras se traduzcan en salarios reales y verificables.