El sueldo de los funcionarios aumentará hasta un 2% en 2026
La previsión forma parte del 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', suscrito por el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF, al que CCOO se incorporó posteriormente. En ese marco se recoge una revalorización salarial para los funcionarios del 11% en el periodo 2025-2028.
El esquema pactado establece una senda anual de incrementos y detalla, además, medidas laborales asociadas a la modernización de la Administración, como cambios en jornada, teletrabajo, procesos selectivos y otros ajustes vinculados a condiciones de trabajo y protección laboral.
- Subida salarial del 1,5% en 2026 y tramo variable
- Calendario de subidas 2025-2028 y efecto acumulado
- Convalidación del decreto ley y alcance
- Atrasos y calendario de abono de 2025
- Jornada de 35 horas y teletrabajo en la AGE
- Otras medidas del Acuerdo Marco
Subida salarial del 1,5% en 2026 y tramo variable
La revalorización prevista para 2026 se fija en un 1,5% sobre los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025. El incremento tendrá efecto desde el 1 de enero de 2026 para el conjunto de empleados públicos.
Este ajuste de 2026 se configura como el único incremento del periodo que combina un componente fijo con un posible componente adicional ligado a la evolución de los precios al cierre del ejercicio.
Condición del 0,5% adicional y pago retroactivo
El acuerdo contempla un 0,5% extra si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. La activación de este tramo depende, por tanto, de la comparación entre la inflación al cierre y el porcentaje ya aplicado.
Si se cumple esa condición, el 0,5% adicional se abonará en el primer trimestre de 2027 y se aplicará con efectos retroactivos, según lo recogido en el marco pactado.
Calendario de subidas 2025-2028 y efecto acumulado
El 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía' establece una revalorización salarial para los funcionarios del 11% en el periodo 2025-2028. En ese tramo temporal se fijan incrementos anuales con un diseño específico para 2026.
Los sindicatos señalan que, por el efecto arrastre de los incrementos de cada año, el aumento acumulado en el conjunto de los cuatro años podría alcanzar el 11,5%, manteniéndose la referencia del 11% como subida pactada para el periodo.
Porcentajes por año y características
Para 2025 se establece una subida consolidable del 2,5% respecto al año anterior. En 2026 se aplica el 1,5% con la posibilidad del 0,5% adicional si se cumplen las condiciones ligadas a la inflación al cierre del año.
En cuanto al resto de ejercicios, se indica que el incremento de 2027 será del 4,5% y el de 2028 del 2%. Se especifica que el de 2026 es el único con parte fija y variable, mientras que los demás se configuran como incrementos exclusivamente fijos.
Convalidación del decreto ley y alcance
La subida de 2026 queda garantizada tras la convalidación, en diciembre, por el Pleno del Congreso del decreto ley que revaloriza el salario de los funcionarios públicos para 2025 y 2026. En la votación, se registró el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
El texto normativo regula los aspectos considerados indispensables para aprobar, con efectos de 1 de enero de 2025, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público, incluyendo las disposiciones necesarias para hacerlo efectivo durante ese año, y para aprobar, con efectos de 1 de enero de 2026, el incremento correspondiente a 2026.
Ámbito de aplicación en todas las Administraciones públicas
Las normas del incremento retributivo contenidas en el Real Decreto-ley se aplican a todas las Administraciones públicas. Se incluyen el sector público estatal y también el autonómico y el local, manteniéndose el alcance general indicado en el propio decreto.
En el sector público estatal, el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de diciembre, con el abono en forma de atrasos de los importes correspondientes desde enero de ese mismo año.
Atrasos y calendario de abono de 2025
Las Administraciones públicas establecerán el calendario de pago de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025. Esta planificación se encuadrará en la negociación sindical que corresponda en cada ámbito de administración.
El esquema previsto permite distintas fórmulas de ejecución del abono, siempre dentro del marco de negociación aplicable en cada administración, tal y como se recoge en el contenido asociado al decreto.
Posibles formas de distribución de pagos
El pago de importes y atrasos de 2025 podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028. También se contempla la opción de hacerlo efectivo en el mes de diciembre de 2025.
La decisión sobre el ritmo de abono se vincula al calendario que se determine en cada ámbito, manteniéndose como referencia el marco de negociación sindical de cada administración.
Jornada de 35 horas y teletrabajo en la AGE
El Ministerio de Función Pública se ha comprometido en enero a iniciar la negociación sobre la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). El objetivo señalado es que entre en vigor entre los meses de febrero y marzo, según lo indicado desde UGT.
De forma paralela, también se recoge el compromiso de regular el teletrabajo, materia que se ha acordado abordar en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Mesa General de Negociación y compromisos pendientes
La negociación sobre jornada y teletrabajo se enmarca entre las medidas pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022. El tratamiento de estas cuestiones se canaliza mediante los órganos de negociación correspondientes.
Además, Función Pública ha constituido la comisión encargada de velar por el cumplimiento de los puntos incluidos en el último 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía' con UGT, CSIF y CCOO.
Otras medidas del Acuerdo Marco
El acuerdo incorpora medidas orientadas a mejoras en condiciones laborales y organización del empleo público. Entre los elementos citados se encuentra la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público.
Dentro de ese conjunto también figuran actuaciones sobre clasificación de puestos, promoción interna, concursos de méritos y revisiones de determinados complementos e indemnizaciones, además de medidas de conciliación, salud laboral y mutualismo administrativo.
Empleo público, procesos y refuerzo de plantillas
Entre los aspectos destacados se incluye la eliminación de la tasa de reposición, junto con la agilización de los procesos selectivos. Estas líneas se presentan como parte de la mejora del empleo público y del servicio a la ciudadanía.
También se contempla el refuerzo de las plantillas de atención al público, con el objetivo de apoyar el funcionamiento de los servicios, dentro del marco general acordado.
Clasificación de puestos, promoción interna y concursos
El texto pactado prevé adaptar la clasificación de puestos de trabajo a las funciones reales, considerando la experiencia y los requisitos formativos habilitantes. Esta adaptación se integra en las medidas de ordenación y mejora del empleo público.
Asimismo, se plantea impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, además de potenciar los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.
Complementos, permisos, salud y mutualismo
El acuerdo incluye la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, con el objetivo de eliminar desigualdades entre empleados públicos. También se recogen actualizaciones vinculadas a permisos y mejoras en materia de conciliación.
En materia de salud laboral, se incorporan medidas de refuerzo de la protección, con apoyo psicológico y actuaciones frente a agresiones. Además, se mencionan actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior, mejoras en jubilación y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).
