Las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán entre un 7% y un 11,5%
El gasto en pensiones públicas en España alcanzará una cifra cercana a los 229.491 millones de euros en 2026, según las proyecciones publicadas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Esta estimación supone un incremento del 5,81% con respecto al año 2025 y responde tanto al efecto de la revalorización anual de las prestaciones como al aumento del número de pensionistas y a la sustitución de pensiones bajas por otras de mayor cuantía. En este contexto, se prevé que el gasto en pensiones represente en torno al 13% del Producto Interior Bruto (PIB) si se mantiene un crecimiento nominal del 5%.
Las pensiones mínimas y las no contributivas experimentarán incrementos significativos en 2026, variando entre el 7% y casi el 11,5%, dependiendo de las circunstancias familiares de los beneficiarios. Estas previsiones están basadas en los cálculos realizados por el Ivie, que ha tenido en cuenta la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, la cual utiliza como referencia el índice de precios al consumo (IPC) interanual promedio de doce meses, entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en vigor.
La revalorización ordinaria para las pensiones contributivas —incluidas tanto las de la Seguridad Social como las de Clases Pasivas— supondrá un aumento del 2,7% para el año 2026. Por su parte, el Ivie ha estimado una subida del 2,815% para las pensiones máximas, que alcanzarán así los 3.359,60 euros mensuales. En cuanto a las pensiones mínimas, aquellas con cargas familiares subirán un 11,43%, mientras que las que no incluyen cargas familiares crecerán un 7,07%. Las pensiones no contributivas aumentarán en un 11,34%.
La media de revalorización efectiva en el sistema de pensiones español se situará en el 3,44%, lo que implica un gasto adicional de 7.311 millones de euros para estas prestaciones. Junto a la revalorización, el crecimiento del número de pensiones y el denominado “efecto sustitución” —que refleja el mayor importe de las nuevas altas en comparación con las bajas— contribuirán con otros 5.299 millones de euros, sumando en conjunto el aumento total en el gasto estimado para 2026.
- Incrementos en pensiones mínimas y no contributivas
- Objetivo de reducción de la brecha de pobreza
- Detalle del incremento en el gasto total
Incrementos en pensiones mínimas y no contributivas
Los diferentes tipos de pensiones registrarán aumentos significativos durante el próximo año. Las mínimas verán mejoras entre el 7% y el 11,43%, según las cargas familiares. Las no contributivas crecerán un 11,34%, superando ampliamente la subida general del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas.
Esto responde al objetivo de adaptar las prestaciones más bajas al coste de la vida y reducir la distancia con el umbral mínimo de pobreza. De acuerdo con la reforma impulsada por el Gobierno, las pensiones mínimas y las no contributivas ganarán peso para garantizar la suficiencia de ingresos, especialmente entre los beneficiarios más vulnerables. Adicionalmente, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva con cónyuge a cargo para titulares mayores de 65 años experimentará una subida extra, orientada a situarse en 2027 en 16.500 euros anuales —equivalentes a 1.178,5 euros mensuales en 14 pagas—, alcanzando así el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya cuantía está referenciada a las pensiones no contributivas, seguirá también esta evolución al alza. En 2026, el IMV se incrementará al mismo ritmo que estas prestaciones, siguiendo la estrategia de equipararlas con el 75% del umbral de la pobreza definido para hogares unipersonales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Objetivo de reducción de la brecha de pobreza
La reciente reforma de las pensiones, desarrollada bajo la dirección del exministro José Luis Escrivá, contempla diversas medidas para mejorar la equidad y suficiencia de las prestaciones. Entre las principales, destaca la equiparación progresiva de las pensiones no contributivas al 75% del umbral de la pobreza para hogares de una sola persona. Asimismo, se plantea una reducción del 20% en la brecha entre la cuantía actual de las no contributivas y este umbral, gracias a incrementos adicionales a la revalorización general según el IPC.
Las pensiones mínimas contributivas también serán objeto de mejoras específicas. Por ejemplo, las de viudedad con cargas familiares y las de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo igualarán la cuantía mínima establecida para este segmento, excluyendo algunos supuestos como la incapacidad permanente total de menores de 60 años. El resto de pensiones mínimas contributivas recibirán incrementos equivalentes al 50% de la subida adicional aplicada a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, siempre tomando como referencia el umbral de pobreza.
Durante 2025, las pensiones mínimas experimentaron un crecimiento del 6%, y las no contributivas y el IMV aumentaron un 9%, ambos porcentajes muy por encima del 2,8% registrado para las contributivas ordinarias. Estas tendencias continuarán en 2026, consolidando la convergencia de las pensiones más bajas con los indicadores de suficiencia marcados por los organismos oficiales.
Detalle del incremento en el gasto total
El Ivie ha desglosado las razones detrás del incremento previsto en el gasto total en pensiones para el próximo año. La mayor parte del crecimiento, unos 7.311 millones de euros, responde directamente a la revalorización efectiva de las prestaciones públicas. Por otro lado, el aumento en el número de personas pensionistas y el efecto sustitución generan otros 5.299 millones de euros adicionales.
Al considerar el conjunto de factores involucrados, la estimación para 2026 sitúa el peso del gasto en pensiones públicas en torno al 13% del PIB de España. La política de adecuar las prestaciones mínimas y no contributivas a los umbrales de pobreza marcará la evolución del sistema, que continuará adaptándose a las necesidades demográficas y sociales del país. Las previsiones muestran una tendencia sostenida de incremento tanto en el gasto global como en la protección para los colectivos con menores ingresos, en línea con los objetivos marcados por la última reforma.
