Existe un bono municipal para pagar la luz que no aparece en ninguna web oficial
El bono social eléctrico es la ayuda más conocida para consumidores vulnerables en la factura de la luz. Sin embargo, pocas personas conocen que dentro de este sistema existe una tercera categoría muy especial: el consumidor en riesgo de exclusión social. Esta figura activa un sistema por el cual la administración local abona directamente una parte del recibo eléctrico. Contrario a lo que muchos piensan, el acceso a esta ayuda no se realiza a través de la comercializadora, sino mediante los servicios sociales del ayuntamiento, y no existe una guía clara sobre su solicitud en ninguna web oficial del Gobierno central.
El desconocimiento sobre esta categoría es importante, ya que ofrece un respaldo crucial para quienes atraviesan dificultades económicas mayores. Mientras los usuarios comunes pueden acceder al bono social desde las compañías eléctricas, este nivel especial requiere un acompañamiento institucional para que la administración local cubra una parte del coste, evitando cortes en el suministro incluso en situaciones críticas.
- Clave del consumidor en riesgo de exclusión social
- Descuentos y condiciones actuales
- Ausencia de información en portales oficiales
Clave del consumidor en riesgo de exclusión social
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que regula la figura del consumidor vulnerable, define tres niveles: consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo y consumidor en riesgo de exclusión social. Este último es el más desconocido, pero también el más contundente. Para acceder a esta categoría, es necesario estar en condición de consumidor vulnerable severo y ser atendido por los servicios sociales de la administración autonómica o local, que debe cubrir al menos el 50% del importe de la factura.
Este sistema es especialmente potente porque combina el bono social con apoyo directo de la administración local. Si alguien cumple estos requisitos y la administración realiza dicho pago, el usuario no puede sufrir cortes en el suministro eléctrico bajo ninguna circunstancia. En la práctica, esto significa que el ayuntamiento asume la mitad de la cuota, mientras que el bono social cubre una parte considerable del resto. El resultado para la familia es una factura muy reducida o incluso nula.
Descuentos y condiciones actuales
Para 2026, los descuentos en el término de energía son del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para consumidores vulnerables severos. El IPREM vigente para 14 pagas en 2026 se sitúa en 8.400 euros. A partir de este, se calculan los umbrales de renta: por ejemplo, para una persona sola, 1,5 veces el IPREM (12.600 euros), incrementando 0,3 por cada adulto adicional y 0,5 por cada menor en la unidad familiar.
Para contratar el bono social, el suministro debe estar bajo tarifa regulada (PVPC), con una potencia contratada no superior a 10 kW. Además, solo puede formalizarse con ocho comercializadoras autorizadas: Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser (TotalEnergies), Régsiti (Repsol), entre otras. Quienes tengan un contrato en el mercado libre deberán cambiarse de compañía antes de solicitar esta ayuda.
Ausencia de información en portales oficiales
Uno de los grandes problemas de este mecanismo es su casi total invisibilidad en los portales oficiales. No existe una convocatoria con plazos, ni un formulario estándar ni una denominación uniforme. Cada ayuntamiento administra esta ayuda de forma distinta y suele pactar convenios con las empresas suministradoras para cubrir a personas en riesgo de exclusión residencial. Estas negociaciones suceden de forma local y no siempre se reflejan en buscadores oficiales de ayudas.
En Barcelona, por ejemplo, se han creado los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE), servicios que informan y facilitan la gestión del bono social y la intervención de los servicios sociales municipales para pagar facturas. En cambio, en Madrid, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor son el primer contacto recomendado para aclarar dudas o problemas en la aplicación del bono social.
Este beneficio está pensado para personas con rentas por debajo del IPREM, pensionistas mínimos, perceptores del Ingreso Mínimo Vital, familias monoparentales con menores, personas con discapacidad igual o superior al 33% o grado de dependencia 2 o 3. En casos donde existan facturas impagadas desde hace meses, el suministro mínimo vital —que se garantiza hasta el 31 de diciembre de 2026— protege durante al menos diez meses contra cortes, ofreciendo cuatro meses para abonar deuda y seis más con un suministro mínimo de 3,5 kW.