El Gobierno propone 12 medidas contra la pobreza energética, sin incluir bono social automático o condonación de impagos

La propuesta del Gobierno para la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) para el periodo 2026-2030 consta de doce medidas de actuación, entre las que no se encuentran la condonación de la deuda de impagos de suministros energéticos o la automatización del bono social eléctrico.

La nueva estrategia, a la que ha tenido acceso Europa Press, fija cuatro ejes principales de actuación continuistas con la ENPE 2019-2024: Caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética.

El primer eje de la nueva Estrategia, que está prevista que se apruebe antes de que finalice el año y cuya consulta pública de participación estará abierta hasta el 10 de octubre, contempla la creación del Observatorio sobre pobreza energética en el entorno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las acciones a ejecutar por parte de este Observatorio serían la mejora de la caracterización de la pobreza energética en España; el cálculo o síntesis y publicación periódica de los indicadores principales de pobreza energética; la elaboración de estudios e informes en materia de pobreza energética y consumo energético de hogares; y la elaboración de talleres técnicos en el ámbito académico, del tercer sector y de las administraciones públicas para analizar los datos y evaluar los indicadores.

El tercer eje incluye cuatro medidas, entre las que destaca la garantía de suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, con la que se pretende consolidar el principio de precaución ante la posibilidad de corte de suministro derivado de una situación de vulnerabilidad; proteger a los consumidores vulnerables del corte de suministro por imposibilidad de hacer frente a los pagos; asegurar la continuidad de suministro para consumidores electrodependientes; y establecer mecanismos que eviten indefensión en el caso de interrupciones de suministro y faciliten la reconexión y recuperación del mismo.

QUE EL BONO SOCIAL LLEGUE A LOS HOGARES QUE LO NECESITAN 

Este eje también recoge la protección del consumidor frente a importes imprevistos por refacturación, con el ajuste de las condiciones de facturación del suministro para la protección de los consumidores; la protección del consumidor en la contratación de suministros energéticos, con acciones como la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas en el ámbito de la energía; y cerrar la brecha de cobertura del bono social para que llegue a los hogares que tienen necesidad de él.

En el marco del pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el Gobierno, la nueva ENPE apuesta por abordar de forma integral el análisis de medidas de prevención y respuesta a la pobreza energética estival, en las que será necesaria la implicación del conjunto de administraciones y agentes.

De este modo, la estrategia recoge el análisis de medidas y herramientas para garantizar el consumo energético frente a las altas temperaturas; el fomento de la estructuración de una red de refugios climáticos puesta a disposición de la ciudadanía por parte de las diferentes administraciones; y la protección de la ciudadanía frente a cortes energéticos durante olas de calor.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA MEJORAR SU EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asimismo, el Gobierno apuesta por la aprobación de un programa de ayudas para proyectos piloto de intervención exprés en hogares vulnerables, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y rehabilitación exprés de viviendas; la integración de hogares vulnerables en las políticas de rehabilitación energética de edificios; o integrar dentro de las comunidades energéticas a los consumidores vulnerables, de forma que se puedan beneficiar de las ventajas de la participación en estas entidades.

En el último eje, el Ejecutivo quiere mejorar la coordinación interadministrativa en materia de pobreza energética y permitir una coordinación efectiva entre las disposiciones de carácter autonómico y municipal, junto con el desarrollo de la normativa estatal, la compartición de las mejoras técnicas disponibles y servir como foro para una estrecha colaboración multinivel.

Para ello, implementará mecanismos de coordinación entre administraciones en materia de pobreza energética y establecerá un espacio común de difusión y acceso a la información sobre planes, recursos y herramientas autonómicas para abordar la pobreza energética.

Las últimas propuestas hacen referencia al lanzamiento de un programa piloto para el impulso del asesoramiento para consumidores en situación de pobreza energética (Red-Actúa); y al fomento de la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de atención primaria de salud.

BALANCE DE ACTUACIONES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 

En su balance de las actuaciones contra la pobreza energética 2018-2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone en valor las medidas llevadas a cabo en estos últimos seis años orientadas a reducir la factura del consumidor final y a proteger a los consumidores en situación de vulnerabilidad.

Estas medidas, según concluye el Departamento que dirige Sara Aagesen en un documento, han permitido "contener y mitigar la situación de pobreza energética en España en un contexto de elevada complejidad, caracterizado por crisis inéditas con impactos severos en el conjunto de la economía y la sociedad".

No obstante, recalca que se deben estudiar los efectos sobre los indicadores de las diversas políticas públicas implementadas en este periodo para mejorar los mismos.

En el contexto de una recuperación paulatina de las distintas crisis, el Ministerio subraya que la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética "deberá abordar la transición de medidas coyunturales y excepcionales a medidas estructurales, sostenibles en el tiempo y con vocación de permanencia".