Hacienda aplaza Verifactu hasta 2027 para pymes y autónomos
El Gobierno ha decidido retrasar la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema obligatorio de facturación digital desarrollado por la Agencia Tributaria, tras las quejas de numerosas asociaciones empresariales y organizaciones de autónomos. Finalmente, las pymes deberán aplicarlo a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de 2027 para adaptarse.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este martes en varias entrevistas que el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros incluirá esta ampliación de plazos. La medida forma parte de los compromisos adquiridos con Junts y busca facilitar la transición digital de las empresas, prevista inicialmente para entrar en vigor en apenas un mes.
Hacienda argumenta la necesidad de una implantación “ordenada y homogénea”
Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que el aplazamiento se debe a la necesidad de dar margen suficiente para adaptar los sistemas informáticos de facturación. En un comunicado, el Ministerio asegura que este retraso permitirá “garantizar una implantación ordenada y homogénea en todo el tejido empresarial”.
Verifactu implica que los programas de facturación generen un registro único e inalterable por cada factura emitida, además de incorporar un código QR con información fiscal relevante. Como explica Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer, las empresas podrán optar por guardar estos registros internamente o enviarlos automáticamente a la Agencia Tributaria mediante el sistema Verifactu.
El sector empresarial celebra el retraso, aunque critica la incertidumbre
El aplazamiento responde también a una demanda de Junts y de diversas patronales catalanas como Pimec, que solicitaban ayudas directas para la implantación del sistema. Según la entidad, uno de cada cuatro empresarios estima que deberá invertir entre 1.000 y 6.000 euros en actualizar sus equipos y software, mientras que más de la mitad del comercio aún desconocía la fecha de entrada en vigor de la normativa.
El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, había sido uno de los más críticos con el calendario original y reclamaba su aplicación en 2027. En redes sociales pidió al Ejecutivo “no volver locos a autónomos y pymes” con cambios constantes. Tras conocerse el retraso, calificó la decisión de “bienvenida” y agradeció la presión ejercida por Junts.
Por el contrario, desde la asociación de autónomos UPTA, su presidente Eduardo Abad definió el cambio de criterio del Gobierno como un “despropósito”. Abad lamenta que la constante rectificación “genera desconfianza e inseguridad” y sostiene que el colectivo “está harto de esta situación”, reprochando al Ejecutivo la falta de claridad en su planificación.