Afectados por okupas piden a Sánchez un fondo contra impagos
Los afectados por la okupación reclaman al Gobierno la puesta en marcha de un fondo público destinado a asumir el pago del alquiler y los gastos vinculados a aquellos okupas que la Administración catalogue como «vulnerables» y cuyo desahucio haya quedado impedido mediante Real Decreto.
Según trasladan, la petición parte de propietarios que, desde 2020, no perciben las rentas de sus inquilinos. Este grupo considera necesario que los de Sánchez subroguen dichas mensualidades «de oficio» con el visto bueno del casero.
El planteamiento consiste en que los perjudicados por los okupas reciban de forma automática el alquiler correspondiente y, además, los importes asociados a gastos que hasta ahora también han estado afrontando los dueños de las viviendas.
Desde la Plataforma de afectados por la Okupación explican a este medio que «Debería ser un mecanismo que evitara a toda costa que los afectados tuviesen que encargarse de hacer o llevar ni un solo papel».
Fondo público como solución provisional
Los cerca de 80.000 propietarios que aseguran llevar más de un lustro gestionando situaciones de okupación remarcan, en todo caso, que el fondo público no debería convertirse en el objetivo principal. Lo sitúan como un recurso temporal para evitar que familias que no pueden acceder a sus propios hogares terminen, a su vez, en vulnerabilidad.
La Plataforma sostiene que «El objetivo final no puede ser que el Gobierno pague la utilización obligada de tu vivienda con un fin social. Tiene que ser la creación de verdadera vivienda pública. Eso es lo que deberían hacer para responsabilizarse ellos de dar una alternativa habitacional a las familias que van a ser desahuciadas».
En esa misma línea, añaden que la propuesta no pretende implantar un nuevo esquema de compensaciones ni consolidar una partida presupuestaria permanente. La idea, señalan, es facilitar alojamiento a las familias consideradas vulnerables sin trasladar la carga a propietarios ajenos al proceso.
De este modo, insisten en que la respuesta estructural debe pasar por recursos y viviendas de titularidad pública, de forma que la alternativa habitacional dependa de la Administración y no de terceros.
Compensaciones por okupación, una vía ineficaz
En este contexto, recuerdan que las compensaciones por okupaciones solo han alcanzado en los últimos seis años a un 7% de los afectados. También subrayan que se trata de ayudas «miseria» que el Ejecutivo calcula según la zona y en función de si se considera zona tensionada.
Los afectados indicaban hace algo más de un mes, en conversación con OKDIARIO, que «Las comunidades autónomas no tienen recursos económicos. El Plan Estatal de Vivienda llega hasta donde llega y para pagar todas estas compensaciones harían falta muchos millones de euros».
Además, señalan que los trámites para acceder a estas ayudas resultan complejos y prolongados. Según detallan, esa dinámica no asegura el cobro por obstáculos administrativos o, en numerosos casos, por falta de recursos económicos, lo que deja a los propietarios sin ingresos y asumiendo suministros y mantenimiento que califican de inasumibles.
En esa valoración, sostienen que el sistema de compensaciones económicas «no ha sido, ni será jamás, una herramienta eficaz ni suficiente para paliar este atropello».
Finalmente, vuelven a expresar que «La solución no pasa por compensar con dinero público el uso forzoso de una propiedad privada, sino porque el Gobierno asuma de una vez por todas su derecho y deber constitucional de proteger a las familias vulnerables con sus propios recursos y viviendas».