Llamamiento a la movilización para proteger la prórroga del decreto de alquileres

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo (i), durante una reunión, en la sede de CCOO, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España).

El futuro del Real Decreto-ley que extiende los contratos de alquiler está en juego en el Congreso, lo que ha llevado al secretario general de CCOO, Unai Sordo, a exigir a los partidos políticos “altura de miras” para aprobar esta medida crucial. Sordo anunció su intención de impulsar y sumarse a movilizaciones junto con otros sindicatos y organizaciones sociales dedicadas a la vivienda, para proteger este decreto antes de la votación.

El sindicalista destacó la importancia de que la sociedad exprese en las calles su preocupación por la escalada de precios en la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Recalcó que no solo afecta a quienes están en situaciones de alta vulnerabilidad, sino también a personas con ingresos razonables que enfrentan alquileres ya elevados, que podrían aumentar entre un 20% y un 30% en próximas renovaciones.

  1. Situación del decreto y llamado a la movilización
  2. Garantía de acceso a una vivienda digna
  3. Implicación de las comunidades autónomas
  4. Impacto del costo de la vivienda en el empresariado
  5. Llamada de IU y advertencia a PP y Junts

Situación del decreto y llamado a la movilización

Para Sordo, sería un error grave permitir subidas desproporcionadas en los precios del alquiler. No obstante, admitió que aún no está claro si el decreto tendrá apoyos suficientes para su aprobación. El Gobierno ya aprobó este decreto en un Consejo Extraordinario, separado de las medidas por la guerra en Irán, que prorroga contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027 hasta por dos años. La votación para ratificarlo en el Congreso debe realizarse antes de abril, pero por ahora no cuenta con el respaldo necesario.

Garantía de acceso a una vivienda digna

Sordo recalcó que prorrogar los contratos es solo una parte del problema, y sostuvo que debe asegurarse que nadie destine más del 30% de sus ingresos a pagar vivienda. Para lograr esto, planteó la necesidad de tener dos millones de viviendas asequibles en una década y aplicar topes temporales en zonas con presión elevada en los alquileres.

Además, destacó que es fundamental frenar la especulación de fondos de inversión, regular incluso prohibiendo el uso de vivienda turística en ciertos casos, y poner en el mercado la vivienda vacía bajo condiciones que garanticen precios justos y cobros seguros para los propietarios.

Implicación de las comunidades autónomas

El líder sindical señaló que las comunidades autónomas, que tienen competencias importantes en vivienda, están evitando asumir responsabilidades y boicoteando la Ley Estatal de Vivienda, que aunque limitada, ofrecía herramientas valiosas. Por ello, exigió un acuerdo transversal urgente en esta materia.

Impacto del costo de la vivienda en el empresariado

Además, Sordo alertó que el alto costo de la vivienda afecta ya al empresariado español, aunque muchos no lo reconozcan públicamente, pues frena la movilidad laboral. Insistió en que la vivienda no es solo un problema social, sino también económico, y que el sector empresarial debería manifestar esta preocupación.

Llamada de IU y advertencia a PP y Junts

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que también es candidato de Por Andalucía, hizo un llamamiento a la movilización social para enfrentar a la derecha y asegurar la aprobación del decreto de prórroga en el Congreso. Criticó la pasividad del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el problema de la vivienda que calificó como la “gran pesadilla” de las mayorías sociales.

Maíllo advirtió que las fuerzas políticas que rechacen ratificar esta medida enfrentarán un coste social y electoral. Recordó que hay que poner en evidencia a los grupos parlamentarios que muestran insensibilidad hacia iniciativas que mejoran las condiciones de vida de la mayoría social.