Baleares tomará la delantera y presentará la restricción para que profesores condenados no trabajen con menores
En el próximo pleno del Parlament que se celebrará el martes, se aprobará una reforma a la ley de protección de la infancia y adolescencia. Esta modificación tiene como objetivo impedir que quienes hayan sido condenados por acoso, violencia de género o abusos, y que trabajen como docentes, monitores o entrenadores, puedan tener contacto con menores.
Se prevé que la aprobación final del texto cuente con el apoyo general de los grupos parlamentarios, ya que durante su tramitación exprés no hubo oposición. La propuesta fue tomada en consideración con 50 votos a favor y tres abstenciones por parte de Vox.
Una vez que el pleno apruebe esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular, se enviará al Congreso de los Diputados, al tratarse de una norma con ámbito estatal.
Proceso de aprobación y efectos
Este texto llegará al Congreso antes que la reciente reforma de la misma ley aprobada por el Consejo de Ministros, que recoge esta y otras medidas adicionales. El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, expresó que el Gobierno central está actuando a remolque de esta iniciativa.
Según Sagreras, la ministra Rego anunció en Palma una reforma del marco legal que iba más allá del artículo 57, foco principal de la demanda planteada en Baleares. Además, el diputado confió en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, permita tramitar esta ley por lectura única, lo que posibilitaría su pronta aprobación definitiva.
Contexto y motivos de la reforma
De aprobarse esta ley antes que la propuesta estatal, supondría un adelanto frente a la medida impulsada por el Gobierno. La urgencia en su tramitación responde a una demanda social generada por la polémica alrededor del caso del docente Miguel Roldán.
Roldán fue condenado por acosar a un exalumno, pero a pesar de esta sentencia, continuó ejerciendo en varios centros escolares de Mallorca, siendo el más reciente el CEIP Son Pisá. Este suceso ha motivado la necesidad de reforzar la protección de los menores frente a personas con antecedentes de este tipo de delitos.