Gobierno destina 1.170 millones a programas de educación y formación profesional
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para la distribución y asignación de recursos de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional dirigido a personas trabajadoras, con una inversión superior a 1.170 millones de euros.
Están incluidos el Programa de refuerzo de la competencia lectora, el Programa de refuerzo de la competencia matemática, el Programa de educación inclusiva, el Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), así como el programa de Formación Profesional para personas trabajadoras para el año 2026.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, declaró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que esta inversión "demuestra en cifras el compromiso del Gobierno con la educación y la Formación Profesional".
- Programas de refuerzo de competencias
- Programa PROA+ y educación inclusiva
- Formación Profesional para personas trabajadoras
Programas de refuerzo de competencias
Los dos programas dedicados al fortalecimiento de competencias básicas reciben una financiación de 56,2 millones de euros para la lectura y 120,6 millones para matemáticas. Su distribución y criterios han sido acordados durante la Conferencia Sectorial de Educación, junto con los demás programas incluidos en esta propuesta.
Ambos programas están orientados a brindar atención especializada al alumnado con mayores dificultades, reducir desigualdades de género en ambas áreas y capacitar al profesorado en metodologías y estrategias de aprendizaje innovadoras, especialmente en el uso de distintos soportes para la competencia lectora.
El alcance de estos programas abarca estudiantes del segundo ciclo de educación infantil (solo en lectura), educación primaria, educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado básico.
Programa PROA+ y educación inclusiva
El programa PROA+, destinado a centros con alta complejidad educativa, cuenta con un presupuesto de 105,9 millones de euros, parcialmente financiados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus. Su propósito es mejorar el rendimiento escolar y asegurar la continuidad educativa en centros públicos con un alto porcentaje de alumnado vulnerable.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de seleccionar los centros que, debido a sus características y los perfiles de sus estudiantes, necesiten formar parte de esta iniciativa. El programa busca fomentar un ambiente escolar positivo e inclusivo que promueva el éxito educativo para todo el alumnado.
En paralelo, el Programa de Educación Inclusiva, también cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus con un presupuesto de 28,7 millones, trabaja en la transformación de los centros educativos para crear entornos accesibles y equitativos.
Este programa apunta a identificar y eliminar barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que dificulten la participación plena y el aprendizaje en igualdad de condiciones de todo el alumnado.
La duración de estos programas será desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.
Formación Profesional para personas trabajadoras
El Consejo de Ministros también autorizó la distribución territorial de más de 867 millones de euros para la Formación Profesional destinada a personas trabajadoras durante el año 2026.
La mayor parte de esta financiación, 696,5 millones de euros, se dirigirá a acciones formativas para personas desempleadas, mientras que 145,9 millones se destinarán a formación para quienes ya están empleados.
Además, se reservarán 24,8 millones para medidas extraordinarias dentro del sistema de Formación Profesional para el empleo, impartidas mediante la red pública de centros de formación. Estas acciones buscan apoyar la cualificación, recualificación y desarrollo continuo de itinerarios formativos a lo largo de la vida laboral.
La asignación de estos recursos también se basará en los criterios acordados por la Conferencia Sectorial. Desde 2021, el Gobierno ha transferido más de 4.000 millones de euros a las comunidades autónomas para este propósito.