El impacto del coordinador de bienestar en las aulas es "muy limitado"
La organización Educo sostiene que la implantación del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos tiene un efecto práctico reducido. El motivo, según la ONG, es la falta de tiempo disponible, formación suficiente y compensación económica, aunque la figura ya existe en la mayoría de colegios e institutos.
Esta valoración aparece en el informe Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos, centrado en los avances normativos y en los problemas que siguen presentes para que este rol funcione como herramienta de prevención y detección de violencia contra la infancia.
Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, Educo recalca que bienestar y protección son elementos necesarios para el desarrollo infantil. También recuerda que el entorno escolar no solo enseña, sino que cuida, protege y acompaña, y que sin bienestar no hay aprendizaje.
- Papel del coordinador de bienestar
- Diferencias territoriales y normativa
- Tiempo asignado y reconocimiento económico
- Perfil, requisitos y formación
- Etapas con menor despliegue
- Coordinación externa y rendición de cuentas
Papel del coordinador de bienestar
Educo defiende que contar con una figura específica para bienestar y protección resulta clave si se busca una escuela segura y libre de violencia. No obstante, advierte de que, cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el impacto real sigue siendo limitado.
Según Mónica Viqueira, especialista en Protección de Educo, este rol puede influir en el día a día del centro. En ese marco, se vincula con la prevención y la canalización de distintas formas de violencia, como el acoso escolar, la violencia intrafamiliar o la violencia sexual.
La ONG añade que la coordinación de bienestar puede ayudar a identificar señales tempranas que pasan desapercibidas. Entre ellas, cambios de conducta o relaciones perjudiciales. También sostiene que, sin tiempo, formación y apoyo, el puesto queda reducido a un nombramiento formal.
En el informe se enumeran tareas asociadas al cargo: formación de la comunidad educativa para detectar señales, activación de protocolos con rapidez, coordinación con servicios sociales y sanitarios, y creación de canales de confianza con alumnado y familias.
Diferencias territoriales y normativa
El documento alerta de brechas territoriales que afectan a la igualdad en la protección. El primer punto señalado es la ausencia de una normativa única para todo el Estado que obligue a disponer de esta figura con requisitos homogéneos.
Como ejemplo, Educo indica que Castilla y León no cuenta con normativa específica. En Madrid, Asturias y Navarra, según la ONG, la regulación se articula mediante circulares al inicio de curso.
El informe apunta que estas diferencias generan condiciones variables entre comunidades, tanto en definición del puesto como en el modo de implantación dentro de cada centro.
Tiempo asignado y reconocimiento económico
Educo identifica como problema central la disponibilidad horaria para ejercer la función. En muchos casos, esa disponibilidad depende de decisiones internas del propio centro educativo.
Según el informe, algunas comunidades fijan tramos de horas en función del tamaño del centro. Se citan Canarias, Cantabria y Extremadura, con rangos de entre 2 y 5 horas semanales.
En otros territorios, se menciona una bolsa general de horas que se reparte desde los equipos directivos. Entre los ejemplos señalados figuran Aragón, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha.
También se recogen cambios recientes. Asturias ha ampliado las horas destinadas a esta figura. En Galicia, se permite asignar hasta dos sesiones lectivas y dos complementarias fijas. En contraste, en Andalucía, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla no se fija un mínimo, lo que, según Educo, reduce la capacidad real para desarrollar el trabajo.
El informe añade otra dificultad: el reconocimiento económico. De acuerdo con la ONG, solo Canarias, Cataluña y Galicia contemplan un complemento retributivo.
Perfil, requisitos y formación
La ONG señala que el puesto carece de un perfil homogéneo en todo el territorio. Aun así, la mayoría de comunidades marca algún requisito mínimo.
En algunos casos se prioriza al profesorado con formación o experiencia previa en convivencia o protección. En otros, no se concreta criterio, lo que, según el informe, deriva en disparidad de cualificación y trayectoria entre quienes asumen esta responsabilidad.
Viqueira afirma que no basta con designar a cualquier docente para cumplir el trámite. Educo sostiene que, por tratarse de una figura relevante para la protección de niños, niñas y adolescentes, deben asegurarse conocimientos mínimos, además de tiempo, formación y recursos. Sin esos elementos, la obligación legal no se traduce en protección efectiva.
En formación, Educo indica que es el ámbito con más avances durante estos cuatro años, ya que la mayoría de territorios ha desarrollado propuestas específicas.
El informe pone ejemplos concretos: Cataluña articula itinerarios completos y adaptados al nivel de partida de cada candidato. Madrid ofrece cursos obligatorios de 40 horas y niveles de profundización. El País Vasco vincula la formación a un autodiagnóstico del centro con módulos específicos.
Sin embargo, el documento señala que muchas iniciativas siguen centradas en capacitación básica y que todavía no alcanzan el grado de profundidad, continuidad y especialización que se considera necesario para ejercer con solvencia.
Etapas con menor despliegue
El informe destaca que la educación infantil de 0 a 3 años y las enseñanzas de régimen especial continúan prácticamente fuera del despliegue. Educo los sitúa como ámbitos críticos para prevención y detección precoz.
Según Viqueira, en general las escuelas infantiles no disponen de normativas específicas. En el caso de centros privados, afirma que no hay rastro de estas medidas. También remarca que, dado que la mayoría de escuelas infantiles en España son privadas, una parte muy amplia del alumnado queda sin acceso a esta figura.
En ese mismo apartado, se menciona la falta de formación específica para el profesorado que trabaja con estas edades.
Coordinación externa y rendición de cuentas
El documento denuncia la falta de mecanismos de rendición de cuentas y la insuficiente coordinación externa con servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad. También señala la ausencia de estándares internacionales de protección infantil en la mayoría de normativas.
Educo subraya que la respuesta no debe limitarse a reaccionar cuando la violencia ya se ha producido. En el informe se vincula la prevención con planificación, coordinación y compromiso político, y se advierte de la gravedad y el crecimiento del problema.
La experta citada en el texto relaciona estas situaciones con secuelas que pueden prolongarse a lo largo de la vida, como problemas de salud mental, trastornos alimentarios, adicciones, autolesiones o suicidio.