La ley que baja las ratios escolares costará 28.184 millones en 10 años
- Coste presupuestario de la nueva ley de ratios escolares
- Detalles de la norma y su impacto financiero
- Distribución del gasto según el nivel socioeconómico
- Evaluación académica y recomendaciones del estudio
Coste presupuestario de la nueva ley de ratios escolares
La ley que limita el número máximo de estudiantes por aula, sancionada hace un mes por el Gobierno y en fase de debate en el Congreso, representará un coste anual neto promedio de, al menos, 2.818 millones de euros entre 2027 y 2036, con una suma total aproximada de 28.184 millones para ese periodo.
Esta cifra se extrae del análisis titulado 'La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico', publicado por EsadeEcPol, en el cual se calcula el impacto económico de la reforma bajo un escenario previsto “conservador”.
Incluso si todas las administraciones educativas aplicaran la flexibilización del 10% sobre el máximo permitido de alumnos por aula contemplada en la Ley de Educación, el gasto neto anual promedio descontando el efecto del dividendo demográfico sería de 2.818 millones, acumulando 28.184 millones en diez años. En el año máximo de impacto, este coste equivaldría al 13,8% del gasto público en educación Primaria y ESO.
Detalles de la norma y su impacto financiero
La ley, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, fija un tope general de 22 alumnos por aula en Primaria, reduciendo los actuales 25, y de 25 en la ESO, frente a los 30 que existían hasta ahora. En cuanto a la carga docente, se establece un máximo de 23 horas lectivas para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Los centros que actualmente superen estos límites deberán crear nuevas aulas en los cursos correspondientes. Esta apertura originará un incremento en los gastos, tanto por la contratación de más profesorado como por la necesidad de nuevas infraestructuras. Tal incremento es identificado en el estudio como 'coste real', que representa el gasto adicional directo generado por esta reforma.
En el punto álgido de la implementación, en 2031, el coste real ascenderá a 6.549 millones de euros, mientras que el dividendo demográfico supondrá un ahorro de 1.380 millones. Así, el coste neto presupuestario alcanzará al menos 5.169 millones, concentrándose un 63% de este gasto en las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid.
Distribución del gasto según el nivel socioeconómico
El informe también evidencia que una mayor parte del presupuesto se dirigirá a centros con alumnado de niveles socioeconómicos más altos. Estos colegios acapararán el 31% del gasto administrativo, mientras que los centros con estudiantes de menor nivel socioeconómico recibirán el 22%.
Esta diferencia se atribuye a que las aulas que superan los nuevos límites están mayormente ubicadas en áreas urbanas densamente pobladas y con perfiles socioeconómicos superiores.
Evaluación académica y recomendaciones del estudio
La investigación señala que la evidencia académica más reciente indica que la reducción de la ratio no genera mejoras significativas en el aprendizaje, tasas de repetición ni en el bienestar relacionado con la escuela o compañeros.
No obstante, sí se detectan efectos variados en el bienestar del profesorado y las familias. Disminuir la ratio mejora algo la satisfacción laboral del profesorado, aunque de manera modesta. Traducido a equivalencia salarial, esta mejora representa un incremento del 6%, inferior al 21% que supondría el mismo presupuesto si se destinara directamente a subir salarios.
Por este motivo, el estudio concluye que la política tiene un costo muy elevado en relación con los beneficios que aporta, según la evidencia disponible.
Recomienda limitar la aplicación universal de la medida a centros con alta complejidad y riesgo educativo, donde se pueden observar efectos más claros y mayor impacto de las inversiones educativas. Además, sugiere que esta implementación incluya pilotajes y evaluaciones continuas, junto con políticas complementarias que potencien sus resultados.
Asimismo, se propone reorientar parte del presupuesto hacia políticas con evidencia sólida, como tutorías intensivas tipo PROA+, incentivos salariales para docentes en centros complejos, y la creación de un MIR educativo.
Finalmente, se aconseja aprovechar el descenso demográfico próximo como una oportunidad no solo para la reducción generalizada de ratios, sino para focalizar inversiones donde el retorno educativo es mayor, especialmente en alumnado de zonas con menor nivel socioeconómico.