8M marcado por el mal funcionamiento de las pulseras para agresores y la creciente polémica en torno al uso del burka
El próximo domingo 8 de marzo de 2026, España celebrará el Día Internacional de la Mujer en un marco especialmente complicado debido a la persistencia de la violencia machista. Este contexto se ve agravado por las limitaciones que presenta el funcionamiento de las pulseras electrónicas para agresores y por la creciente polémica sobre el uso del burka. Este inicio de año ha sido particularmente preocupante, con un aumento significativo en las muertes por violencia de género, contabilizándose diez mujeres y dos menores fallecidos.
Frente a esta situación, organizaciones feministas han convocado diversas movilizaciones que reclaman reformas importantes en la legislación y nuevas políticas públicas para mejorar la protección y defensa de los derechos de las mujeres. Estas iniciativas buscan subsanar las deficiencias visibles existentes tanto en el marco legal como en su aplicación efectiva.
Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Igualdad, en los primeros meses de 2026 han perdido la vida diez mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales la mitad había presentado denuncias contra sus agresores. Cuatro de ellas contaban con medidas de protección vigentes. Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma con más asesinatos machistas, con tres casos, seguida por Comunidad Valenciana con dos, y Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra con uno en cada territorio.
- Situación actual de la violencia de género
- Problemática en el sistema de pulseras electrónicas
- Controversia política alrededor del burka
- Propuestas legislativas urgentes para las víctimas
- Diversidad en las movilizaciones feministas
Situación actual de la violencia de género
En lo que va de 2026, además de las víctimas adultas, se han registrado dos asesinatos de menores supuestamente perpetrados por sus progenitores, uno en Canarias y otro en Comunidad Valenciana, siendo que uno de estos menores también contaba con denuncia previa. El Sistema VioGén, dependiente del Ministerio del Interior, monitorea actualmente un total de 103.461 casos activos de mujeres víctimas, de los cuales 53.716 incluyen a menores bajo su responsabilidad.
Estos datos muestran de manera clara la dimensión y gravedad del problema, subrayando la necesidad urgente de implementar nuevas políticas y revisar los protocolos vigentes para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de las mujeres como de los menores afectados.
Problemática en el sistema de pulseras electrónicas
En cuanto a las medidas de protección, vuelve a cuestionarse la eficacia del Sistema Cometa, responsable del control mediante pulseras electrónicas a agresores. La Fiscalía General del Estado alertó en su informe de 2024 sobre posibles fallos técnicos que comprometen el correcto funcionamiento de este sistema.
El Ministerio de Igualdad ha enviado comunicados al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía solicitando acciones para optimizar el uso de estas pulseras. Se destacan prácticas indebidas entre algunos investigados, el incumplimiento de las obligaciones judiciales asociadas a estos dispositivos y que, en ciertos casos, la distancia mínima de protección no cumple con los 350 metros recomendados.
Asimismo, se identifican problemas relacionados con la cobertura de señal en determinadas zonas residenciales de agresores y víctimas, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema y puede comprometer la seguridad de las mujeres bajo protección.
Controversia política alrededor del burka
Un tema que ha adquirido relevancia en el contexto del 8 de marzo es la discusión sobre la prohibición del burka y otras prendas que ocultan total o parcialmente el rostro. Aunque no es un asunto novedoso, ha ganado fuerza en el debate público y político durante los últimos meses en España, especialmente después de que el Congreso rechazara una propuesta de Vox para prohibir esta vestimenta.
Este diálogo se suma a las reclamaciones habituales centradas en la brecha salarial, la violencia machista y la conciliación laboral, ampliando así el espectro de temas abordados durante la jornada de manifestaciones feministas.
Propuestas legislativas urgentes para las víctimas
En el terreno legal, varios proyectos se encuentran aún pendientes de aprobación y representan demandas fundamentales del movimiento feminista. Destaca especialmente la futura ley contra la violencia vicaria, en proceso de elaboración por los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia, y que se prevé presentar en una segunda fase ante el Consejo de Ministros en el corto plazo.
Aunque persisten ciertos desafíos, la ministra Ana Redondo ha enfatizado la importancia de que la legislación sea precisa desde una perspectiva técnica y jurídica para lograr avances concretos.
De igual modo, siguen sin resolverse las normativas destinadas a combatir la trata de mujeres y a la abolición de la prostitución, temas que generan un intenso debate dentro del feminismo debido a sus profundas implicaciones sociales y políticas.
Diversidad en las movilizaciones feministas
Simultáneamente, el Ministerio de Igualdad ha planteado exigir a las entidades que opten a subvenciones para la prevención e investigación de la violencia contra las mujeres que reconozcan explícitamente que la prostitución constituye una forma de violencia. Esta iniciativa ha suscitado divergencias y debates entre diferentes corrientes feministas.
Las manifestaciones del 8 de marzo evidenciarán esta pluralidad interna. En Madrid, dos marchas se celebrarán a la misma hora, las 12:00 horas, con puntos de inicio diferentes y mensajes específicos. Una ruta saldrá de Cibeles hacia Plaza de España, con consignas como “Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista” y “Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas”. La otra, convocada por la Comisión 8M, recorrerá desde Atocha hasta el metro de Sevilla bajo el lema “Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes”.