La abogacía exige un criterio uniforme sobre costas procesales y alerta sobre la complejidad de la profesión jurídica
Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha solicitado la adopción de criterios claros para la regulación de las costas procesales, al tiempo que advirtió que la "calidad de vida profesional" de los abogados ha sufrido un deterioro tras las recientes reformas judiciales.
En una entrevista con Europa Press, González destacó la importancia de los abogados como garantes de la convivencia social y como facilitadores de mecanismos para la resolución de conflictos.
Sin embargo, reconoció que la labor profesional se ha complicado notablemente debido al "cambio estructural" introducido por reformas como los tribunales de instancia y los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que buscan resolver disputas sin necesidad de acudir a la vía judicial.
El presidente afirmó que afrontar estos cambios exige una formación y adaptación continuas, señalando que la abogacía está realizando un esfuerzo considerable en este sentido. Destacó que actualmente no es un período fácil ni exento de retos.
En relación con los MASC, González puntualizó que no existen datos precisos sobre los acuerdos alcanzados debido a la falta de registro, lo que impide evaluar el impacto real de estas medidas.
- Búsqueda de un sistema sostenible
- Disfunciones en los tribunales de instancia
- Crisis en la tutela judicial
- Mejoras en el turno de oficio
Búsqueda de un sistema sostenible
González subrayó la necesidad de que el sistema judicial sea sostenible, enfatizando que los despachos deben priorizar la resolución de conflictos antes de llegar a la vía judicial, algo que tradicionalmente ha constituido la labor principal de la abogacía.
Apoyó el impulso de nuevos mecanismos como la conciliación y la mediación, siempre que contribuyan a brindar soluciones óptimas para clientes y ciudadanos, facilitando así una convivencia social deseable mediante la pronta resolución de los conflictos.
Disfunciones en los tribunales de instancia
Sobre los tribunales de instancia, que reemplazaron a los juzgados unipersonales para optimizar la gestión de recursos, González señaló la existencia de problemas que se agravan ante la falta de expediente judicial físico. La ley prevé el acceso telemático a estos expedientes, aunque, según indicó, la tecnología implantada en los juzgados no siempre lo permite.
Crisis en la tutela judicial
El presidente de la Abogacía ha venido denunciando que el derecho a la tutela judicial efectiva está "gravemente erosionado" por la ausencia de criterios uniformes para la fijación de costas en las sentencias.
Ante la pregunta sobre esta cuestión, manifestó que la tutela judicial se encuentra en crisis ya que los abogados carecen de la posibilidad de informar con mínima certeza sobre las posibles costas procesales debido a la inexistencia de criterios homogéneos.
Calificó la situación actual en España como extremadamente grave, recordando que este problema ha sido comunicado al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y a otros actores implicados, debido a que se está debilitando el derecho a la defensa y, con ello, la tutela judicial efectiva.
Resaltó que la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa contempla la regulación de las costas como parte de los derechos del ciudadano, imponiendo a los abogados la obligación de informar sobre los honorarios y los costes asociados al procedimiento.
González lamentó que esta situación esté limitando el acceso de muchas personas a la justicia, algo que no ocurre en otros países del entorno europeo.
Para el máximo representante de la abogacía española, es de una gravedad excepcional que un ciudadano desconozca las consecuencias económicas de iniciar un procedimiento judicial, lo que describió como una situación inaudita. Por ello, urgió a encontrar una solución, cualquiera que sea, para evitar el deterioro de un derecho fundamental.
Mejoras en el turno de oficio
También reclamó una mejora en la retribución y la consideración profesional de los abogados que ejercen en el turno de oficio, quienes asumen una parte importante del servicio público recogido en la Constitución, que facilita el acceso a la justicia independientemente de la situación económica.
Recordó que este año se cumplen 30 años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula esta figura, y señaló deficiencias como la falta de actualización salarial y la ausencia de pago por todas las actuaciones realizadas por estos abogados.
Señaló que la justicia gratuita es una responsabilidad de la Administración, que debe asumir el coste real del servicio.
En este contexto, consideró que es momento de replantear la conceptualización del servicio prestado por los abogados del turno de oficio, así como el rol del Estado y las comunidades autónomas en su financiación y organización.
Finalmente, adelantó que la Abogacía Española está dialogando con otros actores jurídicos para abordar estas cuestiones, destacando la importancia de que se escuche a los profesionales en el debate parlamentario sobre la futura ley de justicia gratuita.