Agentes de la UCO confirman volcado completo de los dispositivos del fiscal
Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han defendido este miércoles el volcado “total” de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante un registro llevado a cabo el 30 de octubre de 2024. Según los agentes, realizar un volcado selectivo es “técnicamente imposible” en este tipo de intervenciones, y han resaltado la “colaboración activa” del fiscal durante todo el procedimiento.
Esta declaración se produjo en la penúltima sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Seis agentes que participaron en el registro del despacho del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid confirmaron que, pese a que el auto judicial establecía un marco temporal limitado del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024, tuvieron que realizar una copia integral de casi todos los dispositivos.
“La herramienta que utilizamos para los registros no permite extraer información de manera parcial. Revisar archivo por archivo es inviable y llevaría semanas”, explicó uno de los agentes. El volcado total incluyó los móviles del fiscal, la información en la nube y sus tres cuentas de correo electrónico, dos profesionales y una personal en Gmail, además de un disco duro. Solo en el caso del ordenador de sobremesa se aplicó un filtrado específico, siguiendo las indicaciones del jefe del dispositivo.
Los agentes insistieron en que la colaboración del fiscal fue constante, incluso informando sobre un cambio reciente de móvil. Subrayaron que en estos registros se copia toda la información y posteriormente se procesa para centrarse únicamente en los datos acotados por el juez.
Este procedimiento ha sido cuestionado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que solicitaron la nulidad de los registros al considerar que podrían vulnerar derechos fundamentales. Sin embargo, los agentes mantuvieron que técnicamente no existía otra opción para cumplir con la orden judicial.