Siete ex religiosas de Belorado enfrentan juicio por presunto maltrato, presión y abandono a cinco monjas mayores ## Justicia en acción: protección para las religiosas vulnerables El proceso judicial contra siete ex religiosas de Belorado pone en evidencia la necesidad urgente de garantizar un trato digno y respetuoso hacia las personas mayores, especialmente en comunidades religiosas. Las acusaciones incluyen actos denigrantes, coerción y abandono a cinco monjas de avanzada edad, exponiendo una problemática que no debe ser ignorada. ## La importancia de cuidar a los mayores en entornos religiosos Este caso llama a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de proteger a los adultos mayores y asegurar que sus derechos sean respetados sin excepciones. La sociedad debe promover ambientes seguros y humanos, donde las personas mayores, sin importar su condición, reciban apoyo y respeto. ## Un llamado a reforzar mecanismos de vigilancia y apoyo Es fundamental impulsar políticas y controles efectivos para evitar situaciones de abuso o negligencia. La justicia debe actuar con firmeza para establecer un precedente que garantice la dignidad y bienestar de los religiosos mayores, fomentando un cambio positivo en la gestión de comunidades similares.
Siete antiguas religiosas de Belorado enfrentan juicio tras la conclusión de la instrucción por parte de la juez encargada del caso en Bilbao, quien encuentra indicios de que habrían cometido diversos delitos contra cinco monjas mayores. Entre los cargos figuran coacciones, trato degradante, abandono, omisión de asistencia y delitos patrimoniales como administración desleal y apropiación indebida.
La juez ha remitido el caso a la Fiscalía y a las partes acusadoras para que formulen en un plazo de diez días la acusación formal o la solicitud de sobreseimiento. Asimismo, ha decidido archivar las diligencias contra una octava ex monja por falta de evidencias suficientes.
- El cisma y el manifiesto católico
- Estado de las monjas mayores
- Registro del monasterio y examen forense
- Condiciones higiénico-sanitarias y atención médica
- Testimonios sobre trato y vulnerabilidad
- Posibles motivos de la oposición y razones económicas
El cisma y el manifiesto católico
El auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao recuerda que el 13 de mayo de 2024 se difundió el "Manifiesto Católico", firmado por la abadesa en representación del grupo de investigadas. En este documento, se expresa la intención de abandonar la iglesia católica, negando la autoridad del Papa y provocando un cisma que culminó en su excomunión.
Dos testigos protegidas, exmiembros de la comunidad, relataron que abandonaron el monasterio debido a los malos tratos a los que eran sometidas por las investigadas. Estas empleaban humillaciones, castigos, vejaciones y amenazas de represalias para mantenerlas bajo control, aunque nunca llegaron a denunciarlo formalmente.
Estado de las monjas mayores
La magistrada especifica que las monjas mayores no participaron en la decisión del cisma y no fueron informadas, debido a su estado de salud deteriorado. La mayor tenía 101 años con deterioro cognitivo leve, otra de 89 años mostraba deterioro moderado, una tercera de 87 años presentaba afectación del lenguaje tras un ictus, una cuarta de 94 años sufría deterioro severo, al igual que la quinta monja de 89 años.
Registro del monasterio y examen forense
Durante una investigación iniciada en Briviesca, se autorizó la entrada y registro en el Monasterio de Orduña, adonde las investigadas habían trasladado a las monjas mayores a finales de julio de 2025. Las monjas que no se adhirieron al cisma debían ser desalojadas del monasterio, pero la Guardia Civil encontró resistencia por parte de las acusadas.
Finalmente, el 18 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la entrada para excarcelar a las mayores y realizar exámenes médicos forenses. Su estado aconsejó el ingreso hospitalario en Basurto, donde se constató que no recibían una atención adecuada.
Condiciones higiénico-sanitarias y atención médica
El acta forense describe graves deficiencias en higiene dentro del monasterio. Se detectaron suciedad acumulada, restos de alimentos en mal estado, olor fuerte a orina, utensilios de cocina sucios y animales sueltos junto con excrementos acumulados en varias áreas.
En una celda, dos perros se encontraban sobre la cama y la almohada. Otra monja estaba sentada en el inodoro sin atención, y una tercera estaba postrada en cama con el estado general deteriorado. Esta última ingresó posteriormente con diagnóstico grave y falleció el 9 de enero de 2026.
La monja enferma denunció falta de asistencia médica, mientras la abadesa aseguró que se proporcionó atención en línea y, en ocasiones, presencial. Médicos del Sacyl indicaron que la atención se fue limitando progresivamente, dificultando la evaluación médica, y el acceso a las monjas mayores fue restringido.
Además, la responsable de la farmacia modificaba medicamentos prescritos según su criterio con la aprobación de la abadesa. Desde el traslado a Orduña hasta diciembre de 2025, las monjas mayores no recibieron atención médica a pesar de sus patologías.
Testimonios sobre trato y vulnerabilidad
Una de las hermanas relató que las comidas eran insuficientes, permanecían sentadas sin permitirles dormir la siesta, y les cambiaban los pañales solo una vez al día. La higiene era deficiente, con costras en la cabeza, uñas largas y permanencia continua en una sala sin salir, y sufrían caídas que no eran atendidas adecuadamente.
Otra monja expresó miedo a las investigadas, señalando que no las habían agredido el día 21 de diciembre de 2025, mientras que otra afirmó haber sido golpeada tres veces.
El auto recalca que las acusadas incumplieron su deber de cuidado hacia personas vulnerables y dependientes, infligiendo trato humillante que menoscababa su dignidad. El control y manipulación sobre estas monjas, aprovechando su deterioro cognitivo, generaba un consentimiento viciado por miedo a represalias.
La jueza considera que la oposición a la salida de las mayores podría responder a evitar el desalojo del monasterio en presencia de personas vulnerables.
Posibles motivos de la oposición y razones económicas
También se barajan motivos económicos. Tras el cisma, las cuentas del monasterio fueron bloqueadas y quedaron bajo la gestión de un comisario pontificio. La baja rentabilidad de los negocios gestionados por las investigadas dificultaba el pago de préstamos contraídos.
Para revertir esta situación, en noviembre de 2024 la abadesa y otras investigadas acordaron abrir cuentas compartidas con las monjas mayores para recuperar las pensiones que estas recibían. A través de estas cuentas, buscaron financiar los gastos de sus actividades comerciales.
Estas cuentas bancarias fueron utilizadas por las investigadas para su beneficio personal y para la gestión empresarial, con abuso en la administración de los fondos, sin constancia de que se empleasen para sustentar la comunidad.
Todos los movimientos financieros se realizaron bajo la supervisión de la abadesa, aunque las demás investigadas compartían las decisiones y beneficios obtenidos.