La Iglesia española registró 93 denuncias de abusos a menores en 2025, total 1.131 en cinco años

El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, y el director de comunicación de la CEE, José Gabriel Vera.

Las diócesis y congregaciones españolas cuentan con 262 oficinas destinadas a la protección de menores, que en 2025 registraron 93 nuevas denuncias por abusos sexuales a menores. Esto eleva a 1.131 el total de denuncias acumuladas en los últimos cinco años, y a 1.000 los presuntos agresores, según informó el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.

En 2025, cerca de medio millón de personas, exactamente 465.465, recibieron formación para prevenir abusos y proteger a menores. Entre estas, se incluyen 363.060 menores, 34.175 profesores, 32.310 padres, 19.265 agentes de pastoral, monitores de tiempo libre, catequistas, así como 7.712 sacerdotes y religiosos y 1.388 seminaristas y religiosos en formación.

Estos datos fueron presentados por García Magán tras la 129 Asamblea Plenaria de la CEE, donde detalló la labor del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, que supervisa la actividad desde su creación en 2020. Esta presentación se realiza de forma habitual en la Plenaria de primavera.

  1. Decreto para multar a laicos y clérigos por delitos
  2. Formación y prevención de abusos
  3. Reparación e indemnizaciones a víctimas

Decreto para multar a laicos y clérigos por delitos

Durante la Asamblea Plenaria, los obispos aprobaron un decreto legislativo general que establece multas para laicos y clérigos que cometan delitos, no limitándose únicamente a abusos. Este decreto será enviado a Roma para obtener el 'plácet' de la Santa Sede.

Este nuevo decreto se adapta al libro VI del derecho penal canónico, promulgado durante el papado del Papa Francisco, que regula las penas canónicas aplicables a todos los delitos. Entre las sanciones más severas se encuentran «las censuras», como la excomunión, el entredicho y la suspensión. También se incluyen las «penas expiatorias», que ahora recuperan las multas pecuniarias, es decir, sanciones económicas que obligan al condenado a entregar una suma para fines de la Iglesia.

Formación y prevención de abusos

Casi medio millón de personas participaron en programas formativos durante 2025 para prevenir abusos y proteger menores en el ámbito eclesiástico. Estos cursos fueron impartidos a menores, docentes, padres, agentes de pastoral, monitores, sacerdotes, religiosos y seminaristas, reforzando así el compromiso institucional para evitar futuros casos de abuso.

Reparación e indemnizaciones a víctimas

Respecto a la cooperación con el Gobierno para implementar un sistema mixto de reparación e indemnización para víctimas de abusos, García Magán aclaró que la Iglesia ya ha venido realizando estos pagos desde hace años, tanto en procesos judiciales como en ámbitos canónicos, a través del Plan PRIVA y acuerdos extrajudiciales.

Sobre la figura del Defensor del Pueblo, se destacó que no depende del Gobierno, sino que rinde cuentas ante el Parlamento. El portavoz señaló que el actual Defensor, Ángel Gabilondo, actúa conforme a la legalidad y su conciencia, no bajo instrucciones gubernamentales.

Finalmente, de cara a la próxima visita del papa León XIV a España en junio, García Magán señaló que un encuentro con víctimas sería algo positivo.