El juez Peinado ratifica llevar el "caso Begoña Gómez" a jurado popular
El juez Juan Carlos Peinado mantiene su intención de que el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgado por un jurado popular si finalmente se celebra el juicio. Para avanzar en el proceso, ha citado a las partes involucradas —investigados, Fiscalía y acusaciones— para el próximo 1 de abril.
En un extenso auto de 47 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado detalla la investigación sobre presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Además, se acuerda acumular en una misma investigación la posible malversación de fondos públicos relacionada con Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid había paralizado la puesta en marcha de un juicio con jurado popular en febrero, argumentando falta de indicios racionales de criminalidad, el juez Peinado ahora sostiene que existen señales claras para que el tribunal de jurado entre a valorar el caso.
- Aprovechamiento de la proximidad a Sánchez
- La cátedra universitaria
- Relación con empresas y firmas de documentos
- Impacto del cargo de presidente en la trayectoria de Gómez
Aprovechamiento de la proximidad a Sánchez
El auto sostiene que Begoña Gómez habría utilizado su cercanía con el presidente del Gobierno para potenciar su carrera profesional dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, habría mantenido una interlocución directa con responsables del centro, así como con empresas patrocinadoras y entidades del ámbito tecnológico.
Además, se indica que su relación con Pedro Sánchez influiría en la conducta de terceros debido al poder que él ejerce en la toma de decisiones políticas, lo que habría facilitado la obtención de apoyos y beneficios para Gómez.
La cátedra universitaria
El juez señala que Gómez solicitó y obtuvo la creación de una cátedra extraordinaria que ella misma dirigiría, obteniendo para ello financiación, apoyo institucional y empresarial. Esta acción, según el magistrado, sugiere una apropiación indebida del cargo.
Asimismo, Gómez habría contratado a Cristina Álvarez, investigada y amiga suya, quien no solo cumplía funciones protocolarias, sino que se integraba en el equipo de trabajo de la cátedra y en proyectos relacionados con software, según la investigación.
El auto también apunta la posible influencia de Gómez para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés mediante la adjudicación de concursos públicos, sugiriendo una vinculación directa con los intereses del grupo empresarial involucrado.
Relación con empresas y firmas de documentos
La investigación revela que Barrabés formaba parte activa del proyecto académico vinculado a la cátedra, mientras sus empresas recibían contratos públicos respaldados o facilitados por Gómez. Este contexto alimenta las sospechas de tráfico de influencias y corrupción empresarial.
El juez también destaca que Begoña Gómez firmó documentos técnicos y pliegos relacionados con licitaciones públicas y proyectos de software, pese a no disponer de la habilitación técnica o administrativa necesaria, un acto que podría encajar en delitos de intrusismo y apropiación indebida.
Impacto del cargo de presidente en la trayectoria de Gómez
Peinado considera fundamental el contexto de la llegada de Sánchez a la Presidencia en 2018, ya que coincide con un cambio brusco en la carrera profesional de su esposa. Hasta ese momento, Gómez trabajaba en el sector privado, en marketing y consultoría, y solicitó excedencia en ese año.
Apenas dos meses después de dejar su empleo anterior, fue nombrada directora del IE Africa Center, estableciendo conexiones con organismos como la Organización Mundial del Turismo y la empresa Wakalua SL, donde también opera Barrabés.
En sus declaraciones, Barrabés admitió haber acudido a Moncloa para tratar temas vinculados tanto al máster impulsado por Gómez como a asuntos empresariales relacionados con Pedro Sánchez, situando así los primeros contactos profesionales entre los investigados dentro de la residencia oficial del presidente.