Uno de los involucrados atribuye el origen del 'caso ataúdes' a la "hostilidad"
Valladolid ha sido escenario de una sesión clave en el juicio del 'caso ataúdes', donde Ignacio M.V., actual administrador de El Salvador-Funeraria Castellana y uno de los veintitrés procesados, ha reiterado su inocencia. Ha negado que existiese una práctica sistemática de cambio fraudulento de ataúdes dentro de la empresa y en cambio ha responsabilizado del asunto al antiguo empleado Justo M.G., autor del dossier que sustenta las acusaciones, al que atribuye motivos personales como resentimiento y enfado.
Durante su intervención en la Audiencia de Valladolid, Ignacio M.V., hijo del fallecido magnate funerario Ignacio M.A., resaltó la gestión y reputación de la funeraria, asegurando que la normativa vigente en Castilla y León sobre policía mortuoria tomó inspiración en la experiencia de su empresa. Subrayó que El Salvador-Funeraria Castellana sigue liderando en Valladolid por la calidad y simplicidad en su trabajo, defendiendo la integridad de la mercantil.
En su declaración, el acusado calificó de "simulacro" la documentación recopilada por Justo M.G. a lo largo de veinte años, explicando que el ex trabajador inició una extorsión debido a reclamaciones salariales y solicitudes laborales no cumplidas antes de su jubilación. Según Ignacio M.V., esta tensión se agudizó cuando se contrató al hijo de un compañero, lo que aumentó el resentimiento de Justo y dio lugar a las acusaciones que hoy se juzgan.
- Declaración de Ignacio M.V.
- Testimonio de Justo M.G.
- Acusaciones contra la empresa
- Defensa del fundador Ignacio M.A.
Declaración de Ignacio M.V.
Ignacio M.V. ha relatado que la denuncia contra Justo fue presentada con tranquilidad y que ningún empleado ni directivo ordenó la manipulación de ataúdes. Aceptó únicamente la irregularidad detectada en la facturación inflada de cajas por parte de su padre —quien fue procesado junto con el proveedor Victorio Senovilla— para reducir el pago a Hacienda, práctica sancionada con una multa elevada. A partir de ese momento, afirmó Ignacio, la facturación se corrigió y ajustó a la normativa.
La intervención también se centró en elogiar la trayectoria de su padre, señalado como una figura clave en la funeraria desde su fundación en 1995 en Castilla y León. La sesión incluyó breves declaraciones de otros acusados, quienes optaron por no responder bajo derecho, y la reproducción de testimonios de Justo M.G. y del fundador fallecido, realizados en 2019 durante la fase investigativa.
Testimonio de Justo M.G.
El ex empleado Justo M.G. ha declarado a través de su testimonio judicial previo, aportado desde su fallecimiento, que en la empresa se estableció un sistema de sustitución de ataúdes originales por otros de material más barato, mientras los primeros eran revendidos. Esta práctica, dijo, se realizaba bajo orden directa del propietario y con la complicidad de varios trabajadores, mencionando a media docena de ellos.
Destacó que esta operación era de conocimiento general en la localidad de Santovenia de Pisuerga, donde se llevaban a cabo la mayoría de las incineraciones. El procedimiento incluía un supuesto “paripé” para simular la cremación, activando ventiladores del horno ante familiares para ocultar el intercambio real de los féretros en ausencia de allegados.
Justo agregó que muchas personas participaron en esta actividad, obligadas por temor a perder el empleo. Señaló asimismo que no siempre fue partícipe directo, pero documentó algunos casos mediante fotografías y notas. También denunció que ni él ni sus compañeros recibieron compensación económica y que tras la apertura de un nuevo tanatorio en 2013, el viejo horno continuó en funcionamiento a pleno rendimiento, generando discrepancias en los certificados de cremación.
Acusaciones contra la empresa
Según Justo, el cambio fraudulento de ataúdes se realizaba tanto en el tanatorio como en el propio cementerio, y en algunas ocasiones no se llevaban a cabo debido a conflictos laborales. La práctica, explicó, formaba parte de una rutina oculta que el personal mantenía por temor a sanciones. Sus denuncias surgieron vinculadas a la 'Operación Ignis', una investigación que destapó estas irregularidades en el sector funerario.
Defensa del fundador Ignacio M.A.
El fundador Ignacio M.A., también investigado y fallecido, negó haber dado órdenes para los cambios de ataúdes o haber observado tal práctica. Explicó que las amenazas provienen de Justo, con quien tenía confrontaciones por motivos económicos y laborales, incluyendo peticiones de aumento salarial y empleo para familiares.
Asimismo, explicó que la considerable suma de dinero intervenida en su casa en 2019 correspondía a ahorros personales y familiares provenientes de ingresos anteriores, descartando vínculos con la causa penal. Afirmó además no temer robos pero sí las instituciones financieras, contextualizando así el origen de los recursos.