Libertad con medidas cautelares solicitada para Leire Díez
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se deje en libertad con medidas cautelares a tres investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos. Entre los involucrados se encuentran la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. La petición para su liberación se produjo ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, y según fuentes jurídicas, se espera que se les impongan condiciones como la presentación periódica ante los tribunales y la retirada de sus pasaportes.
Los tres detenidos fueron trasladados a la Audiencia Nacional la mañana del sábado. Posteriormente, comenzaron a prestar declaración a partir de las 10:00 horas. Las detenciones se llevaron a cabo el miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en cumplimiento de órdenes de arresto emitidas por el juez, y todavía se mantienen bajo secreto de sumario.
Es preciso señalar que en esta causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Se llevaron a cabo registros y solicitudes de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza. La mayoría estaban relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, una mercantil que, según las investigaciones de la UCO, está asociada con Cerdán.
Antecedentes criminales de los investigados
Además de los tres detenidos, también está siendo investigado en este caso el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según indicó el PSPV. Fuentes del caso consultadas elevan el número de investigados en estas pesquisas a más de una docena. Entre ellos, Leire Díez también está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en un proceso que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
Vicente Fernández, por otra parte, fue nombrado presidente de la SEPI en 2018 por el Gobierno, pero dimitió al año siguiente debido a su imputación en el 'caso Aznalcóllar'. En este caso, fue absuelto de las acusaciones de amaño de concurso internacional para la adjudicación de una mina. Ahora, nuevamente su nombre surge al aparecer en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra aportó en relación con la información tributaria de Servinabar.
Antxon Alonso, el administrador único de Servinabar, también enfrenta esta investigación en el Supremo, y se encuentra bajo escrutinio en relación con una presunta trama de amaños de obra pública.
Servinabar y su rol en el caso
Según los documentos facilitados a la justicia, Fernández recibió de la empresa Servinabar un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que en 2022 le fueron retenidos 40.800 euros.
Alonso, por su parte, siempre ha negado cualquier implicación en el pago de coimas a cambio de adjudicaciones públicas. En su declaración en julio ante el magistrado instructor, insistió en que él es el único propietario de Servinabar y refutó la validez del contrato privado de compraventa encontrado por la Guardia Civil en el cual Cerdán adquirió por 6.000 euros el 45% de la empresa.
Este es un caso en desarrollo y se espera que se ofrezcan más detalles a medida que avanza la investigación y se conozcan nuevas pruebas.