Baleares pide al Supremo frenar la reubicación de menores migrantes
El conflicto entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, se intensifica a pocos días de que comiencen las reubicaciones de menores migrantes desde Canarias. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 26 de agosto el reparto definitivo y la financiación correspondiente, con el objetivo de iniciar los traslados el 28 de agosto.
Mientras tanto, el Govern balear, presidido por Marga Prohens, ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la llegada de los 49 menores migrantes que le corresponden. La presidenta balear argumenta que el sistema de protección de la isla está “saturado” y denuncia que la imposición del Ejecutivo central supone una “falta de humanidad”.
Baleares alerta del aumento de llegadas irregulares
Según datos del Ministerio del Interior, Baleares ha registrado en lo que va de año 4.323 llegadas de personas migrantes en patera, un aumento del 77% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 2.443. En contraste, Canarias, con 11.883 llegadas, ha experimentado un descenso del 46,7%.
El Govern advierte que la ruta migratoria desde Argelia se está consolidando como una de las más activas de Europa, con un repunte significativo en las últimas semanas: 1.500 llegadas en apenas 20 días, con un balance trágico de un fallecido, 19 heridos y tres desaparecidos.
El rechazo del PP y los recursos judiciales
Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con Castilla-La Mancha, han mostrado su rechazo al plan de reubicación de menores. Varias de ellas, como Madrid y la Comunidad Valenciana, ya han presentado recursos ante el Supremo y el Constitucional, alegando invasión de competencias.
En el reparto previsto, Andalucía recibirá 677 menores, Madrid 647 y la Comunidad Valenciana 571. Quedan fuera del cupo Cataluña y el País Vasco, aludiendo al esfuerzo previo de acogida en los últimos años.
Acusaciones cruzadas: “falta de humanidad” vs. “racismo”
El cruce de declaraciones entre administraciones ha elevado la tensión política. Mientras Prohens acusa al Ejecutivo de Sánchez de “imponer” la acogida sin atender a los recursos disponibles en Baleares, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, replicó señalando que detrás del rechazo hay actitudes de “racismo” y recordó que el Govern se ausentó de la última Conferencia Sectorial donde se aprobó un reparto extraordinario de fondos.
Desde Canarias, el Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria-PP) también critica la postura de Baleares y recuerda que el archipiélago acoge actualmente a 5.500 menores migrantes, frente a los 680 de Baleares. “Si Canarias ha podido atender a 6.000 menores, Baleares no debería tener problemas en aceptar 49”, señalaron.
Próximos pasos
El Gobierno central mantiene que la Ley de Extranjería obliga a la reubicación y advierte de que, en caso de negativa por parte de las comunidades, acudirá a la Fiscalía. El proceso será progresivo durante el próximo año, salvo que el Supremo dicte una medida cautelar que frene el calendario previsto.