Begoña Gómez impugna la decisión del juez Peinado sobre jurado popular
Apelación legal de Begoña Gómez
La representación legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado ordenó que la causa contra Gómez sea trasladada a un jurado popular en caso de llegar a juicio, además de unificar las dos piezas en las cuales se le investiga por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
En el recurso, la defensa sostiene que las pruebas aportadas por el juez se basan en "meras conjeturas" y cuestiona la validez de los datos empleados para tomar esta resolución.
Fundamentos del recurso
El escrito al que ha tenido acceso Europa Press solicita dejar sin efecto el auto emitido el 20 de marzo, donde se adoptaron las medidas señaladas. Según el equipo legal de Gómez, los argumentos del magistrado son “falaces” o no poseen la solidez que este les atribuye.
La defensa afirma que la investigación responde a la condición de Begoña Gómez como esposa del presidente, y critica la “redacción confusa” del auto. Además, señala que para enviar una causa a un tribunal de jurado es indispensable fundamentar adecuadamente la pertinencia de esa decisión, algo que, a su juicio, no se cumplió.
Se destaca que la falta de una motivación detallada impide confirmar si el juez consideró el impacto mediático del caso, lo cual podría comprometer el derecho a un juez imparcial debido al posible “juicio paralelo” generado por la cobertura mediática y la intervención de ámbitos políticos.
Decisiones previas y contexto legal
La Audiencia Provincial de Madrid suspendió en febrero la intención inicial del juez Peinado de enviar el caso a juicio con jurado popular, a instancias de un recurso presentado por la defensa de Gómez. En esa ocasión, los magistrados señalaron que no existían “indicios racionales de criminalidad” que justificaran dicha medida.
El auto también contemplaba la citación para el 1 de abril de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, la Fiscalía y las acusaciones para comunicarles formalmente la resolución adoptada.