Políticos del Congreso y Senado analizarán esta semana propuestas para ampliar gastos electorales y regular microcréditos
- Revisión de los gastos electorales
- Propuestas de los grupos parlamentarios
- Microcréditos y financiación electoral
- Envío de propaganda y material electoral
Revisión de los gastos electorales
Este martes, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas debatirá las propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios para modificar y ampliar los conceptos de gastos electorales en los que incurren los partidos políticos. Analizarán también medidas para regular los microcréditos y reducir el envío postal de propaganda electoral, sobres y papeletas que se distribuyen en cada proceso electoral.
Las iniciativas se basan en los informes del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las contabilidades electorales correspondientes a las elecciones generales de 2023 y a los comicios europeos previstos para 2024. En la comisión, donde el Partido Popular junto con Vox cuentan con mayoría, se examinarán y votarán estas propuestas que buscan una mayor precisión y control sobre los gastos electorales.
Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) define ciertos gastos electorales, como los relacionados con la elaboración de sobres y papeletas, el franqueo postal, la propaganda y publicidad para promover el voto, el alquiler de espacios para actos de campaña, las remuneraciones del personal contratado y los desplazamientos de candidatos y equipos al servicio de la candidatura.
Propuestas de los grupos parlamentarios
El Partido Popular propone ampliar la lista de gastos electorales para incluir actividades como la realización y transmisión de actos electorales, los desplazamientos asociados, la organización de comidas y cenas de campaña, así como la dotación de recursos para interventores y apoderados, incluyendo el alquiler de espacios destinados a su coordinación.
Por su parte, el PSOE aboga por una regulación más detallada de estas categorías dentro de la LOREG, aunque no ofrece medidas específicas. Recomiendan aprovechar la reforma en trámite de esta ley para mejorar el control del gasto y evitar desajustes entre el límite máximo de gasto y las subvenciones que reciben los partidos.
Vox, en cambio, solicita que el cálculo de los intereses derivados de los créditos para campañas electorales abarque hasta el momento en que las administraciones públicas realicen el pago de la subvención. También piden unificar los criterios de fiscalización en todos los procesos electorales y que el Tribunal de Cuentas entregue la fiscalización de las generales en un plazo de seis meses tras su celebración.
Microcréditos y financiación electoral
Sumar presenta propuestas relacionadas con los microcréditos utilizados por los partidos para financiar sus campañas, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Proponen limitar la cantidad máxima por prestamista para que no supere el tope establecido para donaciones privadas, actualmente fijado en 50.000 euros anuales.
Además, Sumar sugiere que estos microcréditos sean ingresados en las cuentas bancarias electorales y que su devolución se realice en un plazo máximo de un año natural tras las elecciones. Se plantea que la renuncia a la devolución se formalice preferentemente por vía telemática y se considere una donación a todos los efectos legales.
Tanto Sumar como el PP y el PSOE defienden la necesidad de reformar la Ley de Financiación de Partidos para que todas las donaciones privadas efectuadas durante el periodo electoral se consideren destinadas exclusivamente a financiar dicho proceso y se abonen en las cuentas habilitadas para ello.
Envío de propaganda y material electoral
En relación con el envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral, PSOE y Sumar coinciden en la necesidad de revisar el procedimiento actual para reducir costes y el consumo de papel. Sumar, en particular, apoya de forma destacada las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, sugiriendo evaluar la eficiencia material y económica del llamado 'mailing' electoral.
Proponen la posibilidad de adquirir sobres y papeletas directamente en los colegios electorales el día de la votación, además de implementar un sistema con mejores garantías y que permita el ahorro mediante la compra centralizada de estos materiales. El Tribunal de Cuentas también destaca que los partidos deben acreditar la puesta a disposición del electorado mediante envío postal o distribución directa en sedes o actos de campaña.
El PSOE aconseja aprovechar la reforma de la LOREG para introducir un nuevo procedimiento en los envíos de propaganda y papeletas, fomentando un sistema de preregistro telemático que permita identificar claramente los envíos subvencionables. Además, solicitan al operador postal potenciar la tramitación electrónica desde el depósito hasta la justificación y facturación de los envíos.
El PP solicita que el Gobierno disponga de un stock adicional de sobres y papeletas para cubrir zonas donde el envío postal no llegue correctamente y piden que las Cortes insten al Gobierno y al Tribunal de Cuentas a no exigir que el número de sobres y papeletas confeccionados coincida exactamente con el número de franqueos justificados, dado que el censo definitivo se desconoce en el momento de su contratación.