Defensas solicitan anulación en el 'caso ataúdes' por presunta apropiación indebida de la indagatoria
Valladolid ha vuelto a ser escenario de uno de los procesos judiciales más complejos en el ámbito funerario. Este caso, conocido popularmente como 'caso ataúdes', se ha extendido por más de una década y ahora enfrenta a 23 acusados, incluidos directivos y empleados del grupo funerario El Salvador. Las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones y el archivo de toda la causa, argumentando que la investigación inicial estuvo plagada de irregularidades.
Desde el inicio del juicio en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, la atención se ha centrado en las cuestiones previas. Durante esta fase, las defensas han unido fuerzas para denunciar que la investigación fue llevada a cabo por la Policía Nacional de forma oculta, sin informar al juez de instrucción, a la Fiscalía o a la empresa involucrada. Este hecho, según los abogados, compromete la validez de todo el procedimiento.
Los acusados son señalados por un presunto fraude consistente en intercambiar ataúdes de alta calidad por otros de materiales inferiores o incluso palés reciclados, entre 1995 y 2015. Esta práctica, que implicaría múltiples delitos, se habría realizado a espaldas de las familias que confiaban en el servicio contratado.
- Nulidad de actuaciones
- Investigación y denuncias
- Fracturas en el proceso judicial
- Rechazo a testigos perjudicados
- Avance del juicio y dispensa a los acusados
Nulidad de actuaciones
Las defensas han solicitado la nulidad total de las actuaciones por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales de las personas imputadas. Esto incluye acusaciones sobre la falta de transparencia y el ocultamiento de pruebas esenciales. Se sostiene que la investigación inicial, que dio origen a la causa, no se comunicó ni al juzgado, ni a la Fiscalía ni a las partes involucradas, lo que compromete gravemente la legalidad del proceso.
La imposibilidad de confrontar a un testigo clave, ya fallecido, agrava aún más la situación, dando lugar a cuestionamientos sobre el derecho a la defensa. Por ello, las defensas han solicitado que se excluya no sólo la declaración de este testigo, sino también todos los elementos probatorios obtenidos en su domicilio.
Investigación y denuncias
La raíz del proceso se encuentra en una denuncia presentada en 2017 por Ignacio Morchón Vaquero, gerente de Parque El Salvador, quien denunció a un extrabajador llamado Justo Martín Garrido, fallecido posteriormente. Este último habría intentado extorsionar con amenazas de revelar un presunto fraude relacionado con los ataúdes.
Durante la investigación por este delito de extorsión, la Policía Nacional intervino la vivienda de Justo Martín y se incautó de documentos y dispositivos digitales que no pertenecían al caso principal de extorsión. Estos materiales fueron ocultados al juzgado y a la Fiscalía, provocando un impacto directo en la causa posterior. Esta situación motivó graves denuncias por vulneración del derecho a no autoincriminarse y violación del secreto bancario.
Fracturas en el proceso judicial
Las defensas denuncian que parte de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entre 2001 y 2018 llevó a un seguimiento extenso e injustificado de las cuentas y movimientos bancarios de los acusados, sin límites temporales ni justificación adecuada. Este espionaje económico, denominado "fruto del árbol envenenado", es motivo para solicitar el sobreseimiento de la causa.
Además, la nulidad se ha solicitado para las intervenciones telefónicas aplicadas a los acusados, junto con la prescripción de algunos delitos y la vulneración del derecho a la contradicción, dado que no se ha podido confrontar con el testigo fallecido su testimonio, lo que afecta directamente la validez de las pruebas.
Rechazo a testigos perjudicados
En esta primera sesión, la acusación pública y las particulares pidieron sin éxito que se citaran a cerca de 6.000 perjudicados para que pudieran responder a las afirmaciones de los acusados. Estos negaron que se invitara a los familiares a abandonar las salas de incineración para facilitar el cambio ilegal del ataúd. El tribunal desestimó esta petición por considerarla inviable, aduciendo que podría colapsar no sólo el juicio, sino también la capacidad operativa de la Audiencia de Valladolid.
Como alternativa, se admitió la inclusión de seis testigos adicionales, ya entrevistados en la fase de instrucción, quienes ratificarán que no pudieron presenciar el momento de la cremación, avalando la imposibilidad de confrontación en un proceso tan complejo.
Avance del juicio y dispensa a los acusados
El tribunal aceptó la petición de las defensas para dispensar a la mayoría de los acusados de asistir diariamente al juicio, lo que fue objetado por la Fiscalía y las acusaciones particulares. La medida responde tanto a razones de salud de algunos imputados como a la necesidad de evitar desabastecer el servicio funerario durante el proceso.
Los acusados deberán presentarse en las fechas clave, como el inicio de las declaraciones testificales y en la fase final del juicio para ejercer su derecho a la última palabra. Además, el tribunal autorizó que familiares de tres testigos fallecidos puedan intervenir en el proceso, aplicando el principio de sucesión procesal.
El juicio se extenderá hasta junio de 2026, y las penas solicitadas por la Fiscalía suman cerca de 200 años de prisión, junto a multas que podrían superar los 12 millones de euros, reflejando la gravedad y el impacto social de los hechos investigados.