Empresario arrestado en África por posible fraude fiscal en hidrocarburos
En un operativo de gran relevancia, la Audiencia Nacional ha informado este miércoles sobre la captura del empresario Ignacio Purcell en Santo Tomé y Príncipe. Se le señala como presunto colíder de una red que comprende a 38 sociedades, las cuales habrían defraudado más de 300 millones de euros durante 2024 a través de la venta masiva de hidrocarburos sin declarar el IVA.
Ignacio Purcell había sido declarado en búsqueda y captura, mientras que su supuesto socio principal, Juan Pablo Sánchez, permanece en prisión provisional. Actualmente, la operación se encuentra en una segunda etapa enfocada en el análisis detallado de la documentación incautada.
Detalles de la operación
Esta detención fue posible gracias a una coordinación efectiva entre la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Gracias a esta colaboración, se logró reconstruir los movimientos del empresario investigado, identificar la red logística extranjera que le apoyaba y activar los mecanismos necesarios para la cooperación policial internacional.
Durante la investigación se llevaron a cabo 18 registros en siete provincias, como parte de la segunda fase del operativo. Además, se interceptaron elementos clave que permitirán ahondar en la estructura del fraude, en un caso que ha generado una gran alarma dada la magnitud del presunto delito.
Impacto económico y materiales incautados
En la fase de registro se incautaron 82 vehículos de alta gama, 48 inmuebles valorados en 10,8 millones de euros y dos embarcaciones recreativas. Asimismo, se intervinieron cientos de cuentas bancarias y numerosos criptoactivos. También se encontraron artículos de lujo, incluidos relojes y bolsos con un valor superior a 440.000 euros, junto con 178 kilos de metales preciosos como oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio.
La suma total estimada de bienes incautados supera los 21 millones de euros, y se encontró efectivo por un valor superior a 314.000 euros. Según la investigación, que está bajo la supervisión del juez José Luis Calama en la Plaza Número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, una de las sociedades implicadas llegó a defraudar 123 millones de euros en sólo un mes.
