Empresas ligadas a la trama PSOE mantienen el AVE Madrid-Barcelona
Adif adjudicó a dos Uniones Temporales de Empresas (UTE) el mantenimiento de la línea de AVE que une Madrid y Barcelona. Esta semana, la infraestructura se ha visto condicionada por una limitación de la velocidad relacionada con el estado de las vías.
Según informa OK Diario, en uno de los contratos participaba Acciona y en el otro Azvi. Ambas figuran en la investigación de la trama de corrupción vinculada al PSOE. La actuación completa partía de un presupuesto superior a 144 millones de euros.
La entidad pública difundió en 2023 un comunicado en el que destacaba una inversión de 144,7 millones de euros en el «mantenimiento de las instalaciones de corredor de alta velocidad noreste». Ese corredor incluye el trayecto Madrid-Barcelona y la conexión con la frontera francesa, con trabajos previstos para los siguientes cuatro años.
- Contrato del corredor noreste: alcance, lotes y objetivos
- Azvi y la ‘trama PSOE’: contrato con Koldo y ruptura
- Acciona y Servinabar: el origen de la UTE investigada
Contrato del corredor noreste: alcance, lotes y objetivos
Adif enmarcó el plan como una actuación de «conservación y mejora de la infraestructura, vía y aparatos de vía» a lo largo del corredor. Entre las tareas incluidas figuraban tanto el «mantenimiento preventivo» de elementos de infraestructura y superestructura de la traza como el de vías de apartado y secundarias, ramales de conexión, bases de mantenimiento, cambiadores de ejes y otras instalaciones.
El pliego también contemplaba el «mantenimiento correctivo» para intervenir con «inmediatez» cuando se produjera una incidencia. Según explicó Adif, el propósito del contrato era mantener «indicadores óptimos de estado y prestación de servicio de las líneas», y subrayó: «Todos estos trabajos son claves para mantener los altos estándares de fiabilidad de estas infraestructuras».
La empresa pública dividió el encargo en dos lotes. El primero correspondía a las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza), con un importe de 59,6 millones de euros. Ese lote quedó en manos de la UTE integrada por Comsa, Acciona Construcción, Tecsa Empresa Constructora, y Vías y Construcciones.
El segundo lote se licitó para las bases de Montagut (Lleida), Villafranca del Penedés (Barcelona) y Sant Feliu de Buixalleu (Girona), con una dotación de 85,1 millones de euros. La adjudicación recayó en la UTE compuesta por Contratas y Ventas, Azvi, Ferrovial Construcción, y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania.
Pese al gasto previsto y a la puesta en marcha de los trabajos desde 2023, las quejas por el estado de la vía se han repetido en los últimos años. En ese contexto, Adif redujo esta semana en dos ocasiones la velocidad máxima autorizada en la línea.
El límite pasó de 300 km/h a 160 km/h en casi una cuarta parte del trazado. La medida se vinculó al estado de las vías, según se informó sobre la restricción aplicada al corredor.
Azvi y la ‘trama PSOE’: contrato con Koldo y ruptura
Azvi, adjudicataria como parte de la UTE del mantenimiento, es una constructora sevillana presidida por Manuel Contreras Caro. La compañía declara un volumen de negocio de 900 millones de euros y más de 5.000 empleados.
En 2023, la empresa contrató a Koldo García y su mujer como asesores mediante la consultora Erikapat. El acuerdo fijaba 6.000 euros al mes y una prima de éxito del 0,75% del importe total de cada proyecto, con un máximo de 350.000 euros por operación.
El contrato de consultoría se presentaba especialmente orientado a zonas de Sudamérica, donde Grupo Azvi buscaba reforzar su presencia. Anticorrupción y el juez expresaron dudas sobre la operatividad real de la consultora, al no constar actividad.
Azvi rompió su relación contractual con Koldo cuando se abrió la investigación. Esa finalización se reflejó el 27 de febrero de 2024 en un escrito oficial, y se indicó que la relación se había formalizado sin conocimiento de los responsables correspondientes dentro de Grupo Azvi.
Acciona y Servinabar: el origen de la UTE investigada
Acciona figura en la trama vinculada al PSOE a través de otra UTE, la constituida con Servinabar. Ese caso se sitúa como el que llevó a prisión al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al ex ministro José Luis Ábalos y al ex asesor ministerial Koldo García.
De acuerdo con las pesquisas, Cerdán era dueño al 45% de Servinabar, junto a su socio y «amigo» Antxon Alonso. Los investigadores señalan que el vínculo entre Servinabar y Acciona arrancó en 2015, a raíz del proyecto de Mina Muga (Navarra), y la UCO sitúa allí tanto el origen de la UTE como el de la presunta trama.
El Instituto Armado destaca que Acciona y Servinabar suscribieron en 2015, pocos días después de constituirse esta última, un acuerdo marco para «explorar futuras oportunidades de negocio» por el que la segunda mercantil percibiría un 2%. El documento lo firmó Justo Vicente Pelegrini, ex director de Construcción de Acciona para España, y Alonso en representación de Servinabar.
En la misma causa, además de Pelegrini, también aparecen como investigados Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, cargos de Acciona. Esa referencia se incorpora a los elementos recabados dentro de la investigación en curso.
