Cinco comunidades mediterráneas piden a la UE reformar la política pesquera
Las comunidades autónomas del Mediterráneo con actividad pesquera —Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía— han dirigido un escrito conjunto a la Unión Europea para solicitar una revisión urgente de la Política Pesquera Común (PPC). La propuesta formula la creación de un reglamento ómnibus específico que permita adaptar las normativas europeas a la realidad de la pesca costera en esta región.
El documento fue remitido al Comisario de Pesca y Océanos, a la Comisaria para el Mediterráneo y al vicepresidente de Cohesión y Reformas de la UE, con el objetivo de buscar una gestión de pesca que sea más sencilla, flexible y orientada al ámbito regional, según informó la Conselleria Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya.
Estas cinco regiones sostienen que la reforma es imprescindible para corregir las deficiencias señaladas por la propia Comisión Europea en la evaluación tras 10 años de la aplicación de la PPC. Además, critican que la normativa actual tiende a equiparar en exceso la flota artesanal con la flota industrial, asignándole responsabilidades desproporcionadas.
Se exige el reconocimiento legal de las características específicas de la flota costera mediterránea, compuesta mayoritariamente por embarcaciones pequeñas, de menos de 24 metros de eslora, que realizan jornadas de pesca inferiores a 12 horas con regreso diario al puerto base, y que comercializan pescado fresco directamente en la lonja, asegurando así la trazabilidad.
Entre las propuestas se incluye la actualización del Reglamento de control europeo, considerando el riesgo real y la capacidad operativa de estas flotas. Esto implicaría aplicar los principios de simplificación y proporcionalidad, para que las exigencias correspondan a la dimensión y actividad de cada embarcación.
En este marco, se aboga por priorizar controles en tierra mediante notas de primera venta en lonja, en vez de imponer obligaciones complejas a bordo, que podrían resultar poco operativas y afectar la seguridad durante la navegación.
En materia económica, las regiones solicitan una revisión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), así como una dotación presupuestaria adicional, destinada a asegurar el relevo generacional, la sostenibilidad económica del sector, la preservación del tejido social y territorial, y la modernización de la flota pesquera para avanzar en la descarbonización.
Finalmente, reconocen que, aunque la Política Pesquera Común continúa siendo la base de la gestión en Europa, tras una década de funcionamiento es necesario ajustar la normativa para que pueda cumplir plenamente sus objetivos.